El presidente mexicano anunció planes para cambiar la Constitución del país. Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, busca que estos cambios constitucionales expandan el control del Estado sobre el mercado energético. Es por ello que, las modificaciones propuestas buscan eliminar órganos reguladores independientes y nacionalizar los depósitos de litio. Con ello, se marcaría un retroceso en la liberalización llevada a cabo en 2013.
El cambio en la Carta Magna garantizaría un 54% del mercado energético a la compañía de electricidad estatal, CFE. Esto sería un aumento de 16% comparado con el 36% que la compañía tiene actualmente. Asimismo, se pretendería eliminar la independiente Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). La primera se encarga de administrar, regular, supervisar y desarrollar la información y extracción de hidrocarburos en el subsuelo mexicano, y la segunda de promover la certeza legal en el mercado energético.
En sí, la nueva propuesta constitucional fue enviada al congreso el viernes y aparenta ser más radical que la legislación aprobada más temprano en el año. La leyes anteriores han recibido fuertes críticas y algunas han sido suspendidas por las Cortes. Ahora, el intento de cambiar la máxima ley del Estado podría derrotar todos los desafíos legales. Con ello, se muestra que AMLO continua con sus esfuerzos de fortalecer las compañías energéticas del estado y mantener control sobre los recursos naturales.
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Expertos y diputados manifiestan su preocupación
Analistas del sector energético han dicho que si la propuesta fuese aprobada, esta tendría consecuencias adversas en México. El cambio constitucional reducirá la inversión privada en el sector y también aumentaría la dependencia en la energía mas sucia de las plantas de CFE. Según Montserrat Ramiro, miembro del think tank Wilson Center, esta iniciativa destruiría el mercado energético y el potencial de desarrollo económico. Además, agregó que la propuesta lastimaría no solo a compañías energéticas y consumidores industriales, sino a todos los mexicanos.
Para pasar la reforma, AMLO necesitaría el apoyo de partidos de la oposición, ya que necesita una mayoría de dos tercios de ambas cámaras legislativas. Mientras no se sabe que va a hacer el PRI, el partido que liberalizó el sector en 2013, expertos dicen que apoyar la reforma haría a los partidos «anti negocios». En esa línea, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la oposición ha dicho que va a considerar la propuesta seriamente antes de anunciar su posición.
El Partido de Acción Nacional (PAN), también de oposición, ha sido el mas crítico de la reforma. El PAN expresó que la modificación sería desastrosa a nivel económico, social, comercial y legal; ya que la desaparición de los órganos regulatorios es anti-democrática. Ellos no solo critican que se aumentarían los precios de electricidad, se afectaría la inversión privada y se violarían tratados internacional, sino también que esta reforma excluye la posibilidad de desarrollar energías limpias. Respecto a esto último, adelantaron que el partido solo promoverá un modelo energético que incluya energías limpias.
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Apuesta de AMLO por el litio
La reforma del presidente también indica que solo el Estado pueda extraer litio, un material vital para las baterías en vehículos eléctricos. Muchos inversionistas están apostando que el aumento de los carros eléctricos generará crecimiento económico para productores de baterías y litio. Aunque no se sabe mucho sobre los depósitos de litio en México, el Gobierno ha dicho que la actual reforma respetaría concesiones existentes. AMLO dijo en una conferencia de prensa «El litio que hay en el subsuelo de nuestro territorio, es de los mexicanos».
