La situación de Ecuador se ve gravemente afectada por una crisis de seguridad originada en el narcotráfico, el sicariato y el tráfico de armas. Ello, a su vez, se ve exacerbado por su ubicación estratégica para actividades delictivas hacia mercados internacionales. Este desafío sumió al país en un escenario de inseguridad y falta de estabilidad social, exigiendo acciones urgentes y eficaces por parte de las autoridades. Las cárceles ecuatorianas son focos de actividad delictiva relacionada con el narcotráfico. Para ello, el gobierno implementó medidas contundentes para recuperar el control y desmantelar el poder de los líderes de carteles. Esto, a posteriori, ha provocado respuestas violentas por parte de las organizaciones criminales.
Contexto de la crisis: La lucha fallida contra el crimen y la fragmentación del mercado
Por un lado, un hito crucial ocurrió en 2017. La firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC marcó un cambio en la dinámica del narcotráfico en la región. La desmovilización de la mayor parte de las FARC y su transición a la vida civil dejaron un vacío de poder que fue aprovechado por disidencias remanentes. Estas continuaron controlando las actividades criminales anteriormente dominadas por la guerrilla. Esta situación llevó a una competencia intensa entre las disidencias de las FARC y otros grupos,. Ello resultó en una fragmentación de la oferta del narcotráfico en Colombia.
Por otro lado, en México se observó un fenómeno similar también desde 2017. En aquel año también se dio la extradición del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán, a EEUU. Dicho cartel, si bien nunca fue un monopolio, ostentaba una posición dominante en el mercado de la comercialización de drogas hacia su país vecino del norte. Con la pérdida de su líder, la dinámica entre carteles se modificó y aumentó, por el ejemplo, el poder de otros como Jalisco Nueva Generación.
Este fenómeno se refleja también en Ecuador con la desfragmentación de los ‘Choneros’, quienes solían ser el principal grupo del crimen organizado en el país. Como cita Farid Kahhat, experto en seguridad, en su podcast Comité de Lectura, «cuando se captura o se da muerte a líderes criminales vinculados al narcotráfico, el efecto inmediato es un crecimiento de la violencia». En un escenario de carencia de líder, se va a generar una lucha por la sucesión, pero también habrá un aprovechamiento de las organizaciones rivales que le pisaban los talones a la organización dominante.
La paradoja radica en que, si bien la fragmentación del mercado de drogas crea un entorno de mercado competitivo, con múltiples ofertantes y compradores, esto también conlleva un aumento de la violencia debido al choque de intereses entre los distintos actores. Cuando un cártel opera casi en un monopolio, tiende a preferir que las actividades fluyan con la menor dificultad posible. Ello debido a que el uso indiscriminado de la violencia puede generar tensiones no deseadas con las autoridades. Sin embargo, cuando hay competencia entre carteles, las disputas se resuelven mediante el uso de la fuerza indiscriminada entre ellos.
El aumento de vendedores provenientes de Colombia y el aumento de la demanda de drogas en México han provocado una fragmentación en el crimen organizado en Ecuador. Esta situación ha generado un aumento en el número de bandas organizadas, hasta llegar a un total de 22 identificadas por el gobierno de Daniel Noboa, que ahora son consideradas como «grupos terroristas». La competencia por el control del mercado ilícito ha desencadenado una intensificación de la violencia y una reconfiguración del mapa del crimen en el país.
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De país de tránsito a centro de distribución para el mundo
Ecuador se encuentra en una encrucijada estratégica en la cadena global del narcotráfico. Además, su provincia de Esmeraldas desempeña un papel crucial en esta red criminal. Ubicada en la frontera con Colombia, Esmeraldas alberga un puerto en el Pacífico que se ha convertido en un centro de distribución clave para el tráfico de drogas hacia destinos internacionales. Esta provincia es conocida por su proximidad a Nariño y Putumayo, regiones colombianas donde se produce el 65% de la hoja de coca en el mundo y la mayor parte de la cocaína.
En 2017 se estimó que el 35% de los cultivos de hoja de coca en Colombia estaban a 10 kilómetros de la frontera con Ecuador. Esto ya indicaba una estrecha vinculación entre las actividades del narcotráfico de ambos países. Desde el año 2021 se alcanzó un récord en la producción de hoja de coca y cocaína en la región, lo que genera un aumento significativo en la oferta para el mercado internacional. En este contexto, Ecuador ha emergido como un punto de abastecimiento cada vez más importante. Esto implica que haya superado a Venezuela en términos de facilidad de acceso y distribución de drogas. Esmeraldas es un punto estratégico que facilita el rumbo hacia destinos como EEUU, Europa y el este asiático.
Asimismo, la falta de coordinación entre los gobiernos de Colombia y Ecuador ha permitido el crecimiento descontrolado de las organizaciones criminales. Además, ha provocado un aumento en la violencia, especialmente en las zonas críticas. Se conoce que las FARC solían controlar tanto las provincias de Nariño como Putumayo, que colindan con Ecuador. Sin embargo, la desaparición de estas fuerzas dejó un vacío de poder irrefutable, lo que ha desencadenado una competencia entre los carteles por llenar ese vacío.
El Decreto Nº 111: La consecuencias de la falta de precisión terminológica al declarar un «conflicto armado interno»
El Decreto Nº 111, firmado por el presidente Daniel Noboa, marcó un antes y un después al declarar al país en un estado de «conflicto interno armado». Esta medida se sumó al Estado de Excepción previamente decretado con el mismo objetivo por la búsqueda de hacer frente a la crisis de seguridad provocada la criminalidad organizada vinculada con el narcotráfico. Sin embargo, la declaración ha suscitado una serie de preguntas, debate y preocupaciones entre expertos y la sociedad en general.
El decreto establece una clasificación ambivalente para los 22 grupos de crimen organizado transnacional, reconociéndolos simultáneamente como «organizaciones terroristas» y como «actores no estatales beligerantes». Esta doble designación plantea interrogantes sobre la aplicación y el alcance del DIH. El Estado ecuatoriano les concede un estatus que más que un atino, les otorga un reconocimiento legal que podría beneficiar a los miembros de estas organizaciones criminales en futuros procesos judiciales. Además, surge la pregunta sobre si estas bandas cumplen con los requisitos necesarios para ser consideradas «beligerantes». Esto, especialmente en cuanto a la existencia de una estructura de mando clara de las organizaciones criminales.
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Análisis jurídico: ¿La situación de Ecuador cumple con los criterios de un CANI?
Desde una perspectiva jurídica, es importante destacar que un conflicto armado no internacional (CANI) está definido por el DIH como un enfrentamiento armado que ocurre dentro de las fronteras de un Estado entre las fuerzas gubernamentales y grupos armados no estatales, o entre diferentes grupos armados no estatales. En el caso de Ecuador, aunque la criminalidad organizada presenta desafíos de seguridad, estos no cumplen con los criterios establecidos para considerarse un CANI:
- Actores involucrados: En Ecuador, si bien hay grupos criminales y bandas organizadas involucradas en el narcotráfico y otras actividades ilícitas, no hay una confrontación armada entre el gobierno reconocido y grupos rebeldes o insurgentes que busquen derrocarlo o tomar el control del país. La declaración de las 22 organizaciones criminales como grupos terroristas y la intervención de las FFAA marca un antes y un después al convertir a estas bandas en objetivos militares, lo que desencadena operativos militares dirigidos a neutralizar su capacidad de acción, pero en términos de un CANI.
- Uso de la fuerza y estructura militar: Si bien existen enfrentamientos violentos entre grupos delictivos con las fuerzas de seguridad del Estado, estos no constituyen un conflicto armado a gran escala en el sentido tradicional. La violencia está más relacionada con actividades criminales que con un conflicto político o ideológico.
- Control territorial disputado: Si bien puede haber disputas por el control de ciertas áreas estratégicas entre grupos criminales, no hay una lucha generalizada por el control del territorio del país por parte de grupos rebeldes o insurgentes.
- Análisis de jerarquía y capacidad de negociación: Este análisis se basa en varios elementos clave, que incluyen la existencia de una estructura de mando definida, la presencia de normas o mecanismos disciplinarios dentro del grupo, la operatividad de un cuartel general, el grado de control del territorio, la capacidad para llevar a cabo operaciones militares o tácticas, la existencia de recursos financieros y logísticos, así como la habilidad del grupo para negociar acuerdos de paz. Las organizaciones criminales sí tienen sus propias dinámicas de jerarquía, pero su fin no es obtener un acuerdo de paz, sino seguir lucrando y velando por sus intereses económicos.
- Análisis del umbral de intensidad: Este umbral se alcanza cuando la violencia alcanza una intensidad que activa las disposiciones del DIH. Es necesario examinar diversos factores como el número de enfrentamientos, su duración e intensidad, el tipo de armamento utilizado, la cantidad y calibre de municiones, las fuerzas involucradas, el alcance de la destrucción. Si bien la situación de violencia relacionada con el crimen organizado puede ser prolongada y compleja, aún no se ajusta necesariamente al patrón de un CANI en términos tradicionales.
- Desplazamiento de población: Si bien la violencia relacionada con el crimen organizado puede provocar desplazamientos de población en áreas afectadas, esto no constituye necesariamente una característica distintiva de un CANI.
- Intervención internacional: Si bien puede haber cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, no hay una intervención directa de actores internacionales en un CANI en el sentido tradicional.
Diferencias fundamentales entre un CANI y la lucha contra la criminalidad organizada
La situación en Ecuador, aunque presenta desafíos de seguridad significativos, no logra cumplir los requerimiento de un CANI según el DIH. En ese sentido, pasa a tomar relevancia la distinción entre la lucha contra la criminalidad organizada y los conflictos armados. Mientras que la lucha contra la criminalidad organizada se enfoca en enfrentar actividades delictivas como el narcotráfico, el sicariato o el tráfico de armas, como lo es la realidad ecuatoriana, los CANI implican enfrentamientos violentos entre actores estatales y no estatales con objetivos políticos o territoriales. Es crucial comprender que los grupos criminales organizados buscan beneficios económicos, mientras que los conflictos armados pueden estar motivados por causas políticas, étnicas o ideológicas.
El gobierno de Noboa desacertó al etiquetar erróneamente la crisis de criminalidad organizada como un CANI. Se ha simplificado la complejidad del fenómeno y boicoteado el enfoque de la lucha que afronta el país. Fue una medida extrema que podría legitimar el uso de la fuerza por parte de las organizaciones criminales en las mismas condiciones que tienen el Estado. Además, un CANI no puede ser simplemente decretado, sino que requiere un análisis exhaustivo de todos los factores coyunturales para determinar si realmente nos dirigimos hacia un escenario que justifique su establecimiento. No es necesario apelar a esa figura para abordar la situación de inseguridad en Ecuador.
La crisis actual se enmarca en un problema de seguridad histórico que demanda una respuesta contundente. El fenómeno del narcotráfico, tanto a nivel mundial como en el contexto actual de Ecuador, requiere una estrategia integral y coordinada. Las autoridades no pueden ignorar que se enfrentan a un negocio ilícito lucrativo que genera más ganancias que la mayoría de actividades lícitas. Es imperativo abordar, además, las problemáticas subyacentes, tales como la pobreza y la exclusión social, al tiempo que se fortalecen las instituciones y se fomenta la transparencia.
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Respuesta regional: La reunión de Cancilleres de la Comunidad Andina
Dada la cercanía geográfica, la inestabilidad en Ecuador podría generar un efecto dominó que impacte en la seguridad y estabilidad de la región. El aumento del tráfico de drogas a través de la frontera común y la posible infiltración de grupos delictivos ecuatorianos en los territorios vecinos representan desafíos adicionales para las autoridades. En este sentido, una estrecha cooperación entre Ecuador y sus vecinos es clave para abordar de manera efectiva los desafíos de seguridad compartidos y promover la estabilidad en la región.
Los cancilleres y ministros del Interior de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se convocaron en una reunión de urgencia para abordar el preocupante aumento del crimen transnacional en la región. Los temas tocados fueron: medidas concretas para fortalecer la cooperación en materia de inteligencia, operaciones policiales y acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas. Esta reunión refleja la determinación de los países miembros de unir esfuerzos y coordinar acciones para enfrentar este desafío común que afecta directamente a los países andinos.
En conclusión, la crisis de seguridad en Ecuador, impulsada por el narcotráfico y la actividad criminal organizada, exige una respuesta diligentemente formulado y eficaz sostenible en el tiempo. Sin embargo, la declaración del país en un estado de «conflicto armado interno» mediante el Decreto Nº 111 ha generado dudas sobre su adecuación para abordar el problema porque no cumple con los criterios del DIH. Es esencial reconocer que la lucha contra la criminalidad organizada no puede equipararse a un conflicto armado convencional y requiere estrategias integrales que aborden tanto las causas subyacentes como los aspectos operativos del crimen organizado.
