Las autoridades bolivianas anunciaron hoy la detención de tres personas más en relación con el fallido intento de golpe de Estado ocurrido el pasado martes, elevando a 21 el número total de apresados por este hecho que ha sacudido al país andino y ha puesto en alerta a la comunidad internacional.
En una rueda de prensa celebrada esta mañana en La Paz, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó a los nuevos detenidos, entre los que se encuentran dos sargentos que conducían las tanquetas militares que irrumpieron de manera violenta en el palacio presidencial durante el intento de golpe. El tercer detenido es Miguel Ángel Burgos, ayudante del general rebelde Juan José Zúñiga, quien según las autoridades dirigía las acciones con el rostro cubierto para evitar ser identificado.
«Estas detenciones son el resultado de una intensa investigación llevada a cabo por nuestras fuerzas de seguridad y demuestran el compromiso del gobierno boliviano con el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables», declaró Del Castillo, quien además señaló que aún se busca a otros implicados en la asonada.
Altos mandos militares implicados
Entre los arrestados más destacados se encuentran el propio general Juan José Zúñiga, ex comandante del Ejército y presunto cabecilla del intento de golpe, el general Marcelo Zegarra, ex comandante de la Fuerza Aérea, y el vicealmirante Juan Arnez, ex comandante de la Armada. Estos altos mandos militares están siendo señalados como los principales instigadores del fallido golpe.
El caso de Zúñiga ha causado particular conmoción en el país, dado que era considerado cercano al presidente Luis Arce hasta su designación como jefe del Ejército en 2022. Ahora, el ex comandante enfrenta graves cargos que incluyen alzamiento armado, seducción de tropa y daños al patrimonio del Estado. Según el procurador general César Siles, estos delitos conllevan penas de entre 15 y 30 años de prisión.
«Estamos ante uno de los casos más graves de traición a la patria en la historia reciente de Bolivia», afirmó Siles en declaraciones a la prensa. «El señor Zúñiga no solo traicionó la confianza depositada en él por el presidente y el pueblo boliviano, sino que puso en riesgo la estabilidad democrática de nuestro país».
Se espera que en las próximas horas Zúñiga comparezca ante un juez, quien podría dictar prisión preventiva mientras avanza la investigación. Fuentes cercanas al caso indican que el ex comandante podría ser recluido en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, en las afueras de La Paz.
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Contexto político y tensiones en Bolivia
El intento de golpe, que tuvo lugar el pasado martes, conmocionó al país cuando vehículos blindados y tropas leales a Zúñiga irrumpieron en la Plaza Murillo, sede del gobierno boliviano. Las imágenes de tanquetas embistiendo las puertas del palacio presidencial dieron la vuelta al mundo, recordando episodios oscuros de la historia latinoamericana.
Sin embargo, el golpe fracasó cuando el presidente Luis Arce, en un acto de valentía ampliamente elogiado, se plantó frente a los golpistas acompañado de ministros y funcionarios leales. Esta acción, sumada a la rápida reacción de las fuerzas leales al gobierno y la condena internacional, llevó al colapso del intento de golpe en cuestión de horas.
El incidente ha puesto de manifiesto las tensiones políticas que vive Bolivia, especialmente dentro del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS). Se especula que la confrontación entre el presidente Arce y el ex presidente Evo Morales podría haber sido un factor en la gestación del golpe, aunque ambos líderes han negado cualquier implicación.
Reacción internacional
Ante este acontecimiento, la comunidad internacional ha expresado su apoyo al gobierno constitucional de Bolivia. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y varios gobiernos de la región han condenado enérgicamente el intento de golpe y han llamado a respetar el orden democrático en el país andino.
Mientras tanto, en las calles de La Paz y otras ciudades importantes de Bolivia, se han registrado manifestaciones tanto de apoyo al gobierno como de grupos que exigen una investigación transparente de los hechos. La tensión sigue siendo palpable en el país, mientras el gobierno intenta proyectar una imagen de normalidad y control de la situación.
El ministro Del Castillo aseguró que las investigaciones continuarán y no se descarta que haya más detenciones en los próximos días. «Nuestro compromiso es con la verdad y la justicia. No descansaremos hasta que todos los responsables de este ataque a nuestra democracia rindan cuentas ante la ley», concluyó el funcionario.
