La administración de Pedro Castillo envío un proyecto que le permitiría legislar durante 120 días. Entre las modificaciones propuestas se contemplan temas de régimen fiscal minero, aumentar la tasa de IR sobre rentas de primera y segunda categoría; así como elevar la tasa para contribuyentes que generen más renta de trabajo.
La minería es una fuente clave de ingresos fiscales en Perú y la nueva gestión del mandatario de izquierda ha reiterado en repetidas ocasiones que quiere aumentar las contribuciones del sector para financiar nuevos programas sociales. «Es necesario replantear las estrategias de desarrollo e inclusión social por efectos del COVID-19», afirma Francke.
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Cambios a la vista en la tributación
Uno de los principales cambios a evaluar es la modificación de la Ley del Impuesto a la Renta (IR). Sobre ese punto, el proyecto propone modificar las reglas sobre la deducción de gastos y costos para efectos de la determinación del IR, gravar a las personas jurídicas domiciliadas, crear un régimen simplificado de IR para empresas de menor tamaño, entre otras.
En esta reforma también se contemplan cambios en el régimen fiscal minero que reflejen más adecuadamente los beneficios derivados de la actividad minera; así como la revisión de la deducibilidad del monto efectivamente pagado por concepto de Regalía Minera, Impuesto Especial a la Minería y Gravamen Especial a la Minería.
Asimismo, se plantea modificar los beneficios que el MEF ofrece en los contratos de garantías previstos en la Ley General de Minería. Otra modificación sería la que se hará en la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y en el Código Tributario para optimizar las facultades de fiscalización de la SUNAT.
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Materia financiera: ¿También habrán cambios?
En materia financiera del proyecto, el Ejecutivo indica que se tomarán medidas para fortalecer y ampliar las funciones del Banco de la Nación.
Asimismo, se propone fomentar una mayor competencia en la prestación de transportes y custodia de dinero y valores, adecuando la normativa aplicable a las empresas del sistema financiero relacionadas a la composición del patrimonio efectivo.
La iniciativa del Gobierno también indica que se incrementará el tope de multas que puede imponer la SBS. Esto fomentará una mayor competencia de las entidades que están bajo su supervisión.
¿Y la reactivación económica?
En materia de reactivación económica, se piden facultades legislativas para promover la inversión privada facilitando la tramitación de procedimientos a cargo de entidades del Estado; como modificar el marco legal del mecanismo obras por impuestos y mejorar los criterios y reglas aplicables a las modalidades de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.
