Frente a la derogación del decreto que permite la reposición judicial de trabajadores sin CAS, la decisión final preocupa al Consejo Fiscal. Con la medida, el Congreso suma tres normas aprobadas en los últimos dos meses que ponen en riesgo las finanzas públicas.
Según el Consejo Fiscal, el costo potencial de las tres medidas son casi de S/. 18,000 millones. A esto se suma la autógrafa que establece eliminar el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) de forma gradual. Así, sus trabajadores pasan al régimen laboral de los decretos legislativos números 276 y 728.
Panorama de los costos
No obstante, el Consejo Fiscal afirma que la derogación del Decreto de Urgencia N° 014-2020 lleva a trámite los acuerdos o laudos arbitrales logrados en los procesos de negociación colectiva sin una observación obligatoria. En esa línea, se sabe también que ya no se requerirá el informe económico financiero del MEF, dejando en incertidumbre a las finanzas públicas.
Por ello, las medidas podrían dificultar la recuperación del actual déficit fiscal y la futura consolidación del presupuesto de cara a los siguientes años, con fuertes implicancias sobre la sostenibilidad financiera pública.
Dentro de los riesgos que implican las medidas adoptadas se encuentran:
- Se podría generar un alto potencial de S/ 14,500 millones anuales al no existir restricciones en negociación colectiva.
- El costo potencial de reposición judicial será más de S/ 1,500 millones.
- Incremento de la planilla pública de S/ 2,000 millones.
