Esta semana se aprobó el proyecto de Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, el cual tiene como objetivo la planificación urbana, acabar con el tráfico de terrenos y mejorar la gestión del territorio y viviendas. Sin embargo, aún el acceso a una vivienda digna que cuente con servicios básicos y un entorno biofísico óptimo representan un problema para muchas familias peruanas.
Un crecimiento desordenado
Los últimos cincuenta años, el Perú ha aumentado su población por cuatro, es decir, casi 20 millones de personas. Además, las ciudades han expandido su tamaño en casi un 50%. Según un informe realizado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), sólo el 7% de este crecimiento se ha realizado en el ámbito formal, es decir, en urbanizaciones que cuentan con servicios y una infraestructura planificada. Entonces ¿Qué pasó con ese 93% restante?
La respuesta se puede encontrar en sus consecuencias, un crecimiento desordenado, caótico y a suerte de cada quien. Esto implica que gran porcentaje de viviendas, no solo no cuenten con servicios como agua o electricidad, sino que crezcan en un entorno hostil y peligroso.
Ya que la oferta de viviendas formales son inaccesibles para algunos hogares, son los estratos económicos con menos recursos los que se acomodan como pueden en la mayoría de viviendas informales. Sin contar que, casi dos tercios de las viviendas nuevas formales en sectores acomodados son financiadas por subsidios públicos.
¿Y dónde está el gobierno?
Según pasan los años, el gobierno central destina cada vez más dinero a programas sociales que tienen como objetivo sanar el déficit de acceso a recursos básicos que afectan a hogares con menos de los mismos.
Según la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, el mejoramiento de viviendas ascendería a un monto de hasta S/ 497 millones. Así mismo, el Fondo Mivivienda destina más de S/. 1.700 millones al año al subsidio de la producción de viviendas informales.
No cabe duda que el Estado debe destinar recursos al mejoramiento urbano, sin embargo, el financiamiento a este tipo de viviendas lo único que logra es incentivar aún más la construcción de viviendas informales.
El rol de los programas sociales
Parte del problema no sólo es la creación de este tipo de viviendas, sino también institucionalmente, las infinitas barreras para acceder a una vivienda formal.
El Fondo Mivivienda juega un rol protagónico en la demanda de viviendas formales, este programa social brinda un bono que cubre un monto determinado del total de la vivienda. La inicial que se debe pagar es alrededor del 10% del total de la vivienda y los créditos que son colocados por una entidad financiera se pagan en cuotas mensuales en un plazo promedio de 15 años. Así, se puede estimar la capacidad de endeudamiento de los hogares peruanos, además de su capacidad de compra según cada nivel socioeconómico.
Según el informe de Grade, algunas medidas para incentivar la compra de viviendas formales pueden ser:
- Acondicionar un marco legal que permita la adquisición de viviendas sin crédito, destinada a sectores socioeconómicos que no tienen la posibilidad de acceder a créditos.
- Subsidiar viviendas de alquiler, especialmente para la población más joven que no puede acceder a una vivienda propia.
- Desarrollar suelos habilitados para una vivienda formal a través de fondos públicos.
- Aumentar la oferta del suelo para la vivienda, facilitando la zonificación.
- En cuanto al FMV, enfocar las garantías a los créditos hipotecarios en el cliente final, no en las entidades financieras.
En conclusión, existen diversas razones por las que es más complicado acceder a una vivienda digna en los sectores con menos recursos. La ayuda que brinda el Estado resulta insuficiente o hasta poco atractiva para gran número de la población. Por lo que es necesario un trabajo conjunto entre las instituciones públicas y privadas con un mismo objetivo: una vivienda digna para todos.
