El sistema de pensiones en Perú ha sido, por décadas, objeto de debate y reformas que, en muchos casos, han sido insuficientes para solucionar los problemas estructurales que lo afectan. Compuesto por tres regímenes principales —el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), el Sistema Privado de Pensiones (SPP), y la Ley 20530 (un sistema cerrado)—, el sistema previsional peruano enfrenta desafíos que van desde la informalidad laboral hasta la baja tasa de contribución de los trabajadores formales. Recientemente, una nueva ley de pensiones ha sido introducida con la promesa de corregir estas fallas, aunque no sin generar controversia.
Diagnóstico del Sistema Previsional Peruano
En el SNP, las pensiones dependen de las contribuciones de los trabajadores, que alimentan un fondo común administrado por el Estado. Sin embargo, con el envejecimiento poblacional y la limitada generación de empleo formal, este modelo ha mostrado su fragilidad. La relación entre trabajadores activos y pensionistas ha disminuido drásticamente, lo que ha generado un desbalance financiero que amenaza la sostenibilidad del sistema.
El SPP, por su parte, gestionado por las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), ofrece un enfoque basado en cuentas individuales. Aquí, cada trabajador acumula aportes que son invertidos por las AFP con el objetivo de generar rendimientos. Aunque esta opción otorga más control a los trabajadores sobre sus fondos, las bajas densidades de aportes y los salarios reducidos limitan el monto final que los afiliados logran acumular para su jubilación. Esto ha resultado en pensiones que, para muchos, son insuficientes para cubrir los costos de vida tras el retiro.
Un tercer sistema, la Ley 20530, ha sido cerrado a nuevos afiliados debido a su insostenibilidad. Este régimen, que garantizaba pensiones generosas a un grupo privilegiado de trabajadores públicos no comprendidos en la Ley 19990, ha generado durante años un alto costo fiscal para el Estado.
Problemas Fundamentales del Sistema
Uno de los problemas más graves que enfrenta el sistema previsional en Perú es la informalidad laboral. Según datos recientes, más del 70 % de la población trabaja en el sector informal, lo que significa que no realiza aportes al sistema de pensiones y, por lo tanto, no tiene acceso a una pensión digna. Esta informalidad se combina con la falta de cultura previsional, ya que muchos trabajadores, incluso dentro del sector formal, no comprenden la importancia de ahorrar para su jubilación.
La baja tasa de reemplazo es otro problema clave. Muchos trabajadores que contribuyen al SNP o al SPP descubren que la pensión que recibirán al jubilarse será una fracción muy pequeña de su último salario. Esto ha generado descontento entre los afiliados, quienes sienten que su esfuerzo de ahorro a lo largo de los años no ha sido recompensado de manera adecuada.
A todo esto, se suma la percepción de que las AFP cobran comisiones excesivas sin garantizar un rendimiento suficiente de los fondos invertidos. Aunque las AFP defienden que sus comisiones están en línea con los estándares internacionales, muchos afiliados consideran que estos costos reducen significativamente sus ahorros acumulados.
La Nueva Ley de Pensiones: ¿Un Cambio Positivo?
La nueva ley de pensiones tiene como objetivo abordar algunos de estos problemas, aunque no sin dejar preguntas abiertas. Uno de los principales cambios que propone es la creación de un fondo de ahorro previsional obligatorio, que busca ampliar la base de aportantes, incluyendo a aquellos trabajadores que hoy no contribuyen al sistema.
Este fondo tiene como objetivo aumentar la densidad de aportes y asegurar que más peruanos tengan acceso a una pensión en la vejez. Sin embargo, la principal crítica es que no se ha especificado cómo se incentivará a los trabajadores informales para que formalicen su situación laboral y comiencen a aportar al sistema.
Otro de los cambios importantes es la introducción de una pensión mínima garantizada. Esto significa que, independientemente de los aportes realizados, el Estado se compromete a garantizar una pensión mínima para aquellos que hayan cumplido con ciertos requisitos de edad y años de contribución. Este cambio, si bien es positivo en términos de seguridad social, plantea desafíos fiscales significativos. ¿Cómo se financiará este nuevo compromiso del Estado en un contexto de déficit fiscal y recursos limitados?
La reforma también incluye medidas para mejorar la gestión de los fondos del SPP, con el objetivo de reducir las comisiones y mejorar los rendimientos para los afiliados. Se propone una mayor transparencia y supervisión en la administración de los fondos, lo que podría ayudar a restaurar la confianza en las AFP, una de las principales barreras que hoy enfrentan para atraer nuevos afiliados.
Retos para la Implementación
A pesar de las buenas intenciones detrás de la reforma, su éxito dependerá en gran medida de su correcta implementación. En primer lugar, será clave que se desarrollen incentivos fiscales y laborales que fomenten la formalización del empleo. Sin esto, será difícil aumentar la base de contribuyentes y garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Otro reto importante será garantizar la educación previsional. Muchos trabajadores no entienden cómo funciona el sistema de pensiones y, por lo tanto, no toman decisiones informadas sobre su futuro financiero. Es fundamental que se desarrollen campañas de educación y sensibilización que promuevan la importancia del ahorro previsional desde una edad temprana.
También será necesario que el gobierno asegure una adecuada supervisión y regulación de las AFP para garantizar que las comisiones sean justas y los rendimientos adecuados. La falta de confianza en el sistema ha sido una de las razones por las cuales muchos trabajadores prefieren no afiliarse al SPP, y cualquier reforma que busque ser exitosa deberá restaurar esa confianza.
Finalmente, la reforma deberá ser capaz de equilibrar las necesidades de los jubilados actuales con las de las generaciones futuras. El envejecimiento de la población en Perú es un desafío inminente, y cualquier solución que se proponga deberá ser sostenible a largo plazo. Si bien la pensión mínima garantizada es un avance importante, no puede convertirse en una carga fiscal insostenible para las generaciones futuras.
Una Oportunidad de Cambio
La nueva ley de pensiones en Perú representa un paso en la dirección correcta, pero es solo el comienzo de un proceso de cambio que deberá ser continuo. Los problemas estructurales del sistema previsional no se resolverán de la noche a la mañana, y será necesario un compromiso constante por parte del gobierno, las empresas y los propios trabajadores para garantizar que todos los peruanos puedan disfrutar de una jubilación digna y segura.
El éxito de esta reforma dependerá de la capacidad de todos los actores involucrados para trabajar en conjunto hacia un sistema más inclusivo, sostenible y justo. Con una correcta implementación y ajustes a medida que sea necesario, esta ley podría marcar el inicio de una nueva era para el sistema previsional en Perú, donde todos los trabajadores, sin importar su situación laboral, tengan acceso a una pensión digna en su vejez.
