El Gobierno ha decidido no destinar «ni un solo sol» del presupuesto público 2025 a Petroperú, según confirmó este miércoles el ministro de Economía y Finanzas, José Arista. La empresa estatal, que atraviesa una grave crisis, ha llegado al punto de considerar la quiebra o liquidación.
Durante una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, Arista dejó claro que no habrá apoyo financiero para Petroperú, resaltando que sería inaceptable utilizar fondos públicos, provenientes de los impuestos, para rescatar a una empresa que ha admitido su propia insostenibilidad. «No sería correcto emplear recursos de la tributación para solventar o darle liquidez a esta compañía», afirmó.
El ministro también anunció que la Ley de Presupuesto Público 2025, recientemente aprobada por el Consejo de Ministros y pronta a ser enviada al Congreso, garantiza que no se destinará ni un sol de los contribuyentes a Petroperú. «Los recursos de los contribuyentes deben ser empleados con responsabilidad, y no se comprometerán en una empresa que enfrenta serios problemas de solvencia», subrayó.
En respuesta a la complicada situación financiera de Petroperú, Arista adelantó que se llevará a cabo una reunión posterior a la junta general de accionistas de la empresa, la cual ha reportado un grave sobreendeudamiento que ha afectado severamente su solvencia y liquidez. Según explicó el ministro, la reunión será crucial para tomar decisiones informadas, especialmente ante la urgencia de desembarcar ocho barcos con petróleo que están a la espera en la costa peruana.
La reunión en Palacio de Gobierno, realizada este jueves, reunió al jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén; el ministro Arista; y el presidente del directorio de Petroperú, Oliver Stark. A lo largo de tres horas, discutieron el futuro de la empresa, pero optaron por no hacer declaraciones a la prensa al finalizar el encuentro.
Petroperú, fundada en 1969, sigue siendo una de las compañías más grandes del país, con una facturación de 21,244 millones de soles en 2022. Sin embargo, frente a su complicada situación financiera, la empresa ha adoptado medidas drásticas para evitar su quiebra. Entre ellas, destaca el plan de abandonar su sede principal en San Isidro y trasladar a gran parte de su personal a Talara, donde se encuentra el complejo de refinación.
Este traslado, que afectará a unos 600 trabajadores que actualmente laboran en Lima, está programado para ejecutarse entre enero y marzo de 2025. Stark explicó que la empresa estudia opciones para el edificio de San Isidro, incluyendo su concesión o venta para generar liquidez. «Es un paso necesario para enfrentar la crisis», concluyó.
