A pesar de las elecciones y el proceso de vacunación en el Perú, existe un sector que debe tomarse en consideración, ya que supone actividad de la ciudadanía: el sector agrario. Cabe recordar que el 30 de noviembre del 2020 se dio la primera etapa del Paro Agrario en Ica. Este continuó hasta diciembre dejando muertos, heridos y un panorama crítico.
Los agricultores exigían la derogatoria del Decreto de Urgencia N° 043-2019, que extendió por diez años la Ley de Promoción del Sector Agrario, conocida como Ley Chlimper. Según versiones de los manifestantes, los mantenían con salarios bajos, a merced de contratos laborales temporales y solo las empresas eran las beneficiadas.
A pesar de haberse derogado la ley agraria el 4 diciembre del 2020, y aprobar una nueva, no ha cumplido las necesidades exigidas tanto de trabajadores como de empresarios. Más aún con un panorama complejo tras la cuarentena decretada por el Gobierno.
Diario el Gobierno conversó con el Investigador Principal de GRADE, Eduardo Zegarra. El economista agrario muestra su preocupación sobre la situación agraria, asimismo, critíca la actitud del Estado frente a la agricultura familiar y otros grupos.
¿Considera que se pudo trabajar sobre la anterior ley agraria con algunas mejoras o que era necesario reformarla de raíz como se hizo?
Es un ámbito que debe tomarse en cuenta con el problema agrario, porque tiene que ver con la situación laboral de unos 300 mil trabajadores agrícolas en el sector agroexportador. Es cierto que se ha tenido un crecimiento fuerte en ganancias empresariales. Sin embargo, las condiciones laborales son bajas y malas.
La Ley Chlimper era básicamente el origen del problema. Solo hizo enmiendas insuficientes que han mantenido el mismo panorama, un sector agrario desprotegido para entablar negociaciones con las empresas. La respuesta ha sido débil del gobierno actual, que ha establecido favorecer mejor a los grandes grupos empresariales, sin beneficiar a los trabajadores.
Entonces, ¿de qué manera el Estado debe intervenir para ser viable el apoyo al sector agroexportador?
Se debe crear una nueva ley exclusivamente de protección al trabajador agrícola, desligar el tema tributario. Porque si se quiere hacer promoción de la importación en la agroexportación, se debe hacer una ley diferente con sus propios mecanismos. Nunca, en una ley de promoción, debe incluirse temas laborales, sociales y ambientales. Más bien, deben aumentarse las exigencias y regulaciones.
La mano de obra agrícola se somete a mucha vulnerabilidad, ya que es extenuante por vivir en condiciones físicas complicadas, una delicada situación que debe ser primordial, pero no ha sido el enfoque. Se debe mirar una nueva ley de protección agrícola como la que tienen países vecinos como Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Perú es uno de los países más atrasados en legislación laboral agrícola.
¿Cuál debe ser el enfoque de la ley de agricultura familiar? ¿A dónde debe apuntar?
Según la comisión del Congreso, se asegura que se han presentado 10 nuevos proyectos, que está tratando de integrarlos para generar una nueva ley de agricultura familiar. Yo diría que, sin haber evaluado la ley anterior, es algo complejo. Es más, no se necesita una ley para generar cambios en las políticas públicas. La ley vigente no tenía mucho efecto, lo cual el Congreso debe evaluar, porque no se observa una prioridad para el agricultor familiar.
Desde su punta de vista, ¿cómo considera la labor del Estado en el sector agrario?
El Estado esta muy mal, el ejemplo es la pandemia. El Estado no tiene un adecuado diagnóstico de la situación de la agricultura. Hemos escuchado funcionarios del gobierno anterior y el actual, de Sagasti. Persiste una mirada superficial, sin entender la gravedad de los agricultores. Por ejemplo, usan variables del BPP agropecuario que no tienen nada que ver con los ingresos de los productores. Es una medida que tiene un sustento estadístico demasiado pobre.
Hemos visto que hay caídas que puede superar los 60 y 70%, entre el año anterior y actual, eso llevaría a la pobreza en el sector agrario que puede llegar hasta el 80%. Esa es una mala parte del Estado que no actuó acorde a la situación. El otro problema son los mercados, porque el Gobierno insiste en los itinerantes, que no tiene impacto real en los procesos de comercialización.
La tercera es la parte alimentaria. Por la falta de políticas en el tema alimentario, se ha buscado lanzar documentos que señalan que es hambre cero. Sin embargo, ese documento del MIDIS no tiene contraparte presupuestaria ni se ven medidas concretas para enfrentar la crisis alimentaria en la población. Los tres ámbitos, pésimo.
¿Cuál es el panorama en la industria láctea?
Esa es otra parte fundamental del problema con la agricultura familiar y ganadora. La industria nacional importa insumos baratos -y de mala calidad- a países potencia en el sector como Estados Unidos, Argentina y Nueva Zelanda. Esto genera una menor compra al productor nacional, sobre todo porque ya hace años que recibe solo 1 sol por litro.
En los últimos 3 o 4 meses, los insumos se han disparado a un 4%, la leche sigue en el mismo valor y la industria importa cada vez más. Como resultado, 400 mil ganaderos de leche en el país están al borde de la quiebra. No vemos mayor acción por parte del Estado para esta población.
¿Cuál debe ser el rol principal del Estado con las comunidades nativas en las actividades agrícola?
Las comunidades nativas en la Amazonía tienen serias dificultades, no tienen titulación. El Estado no ha brindado la atención necesario para registrar a las comunidades para ser saneadas y tituladas. La finalidad es que puedan protegerse de diversos procesos de penetración de comunidades invasoras, empresas privadas, ilegales. Como resultado, su presencia es bajísima. Se requiere mayor esfuerzo y atención especial porque han fracasado en apoyar a unos de los sectores más vulnerables del país.
