El 5 de junio del año 2009, se produjo la muerte de 33 personas cuando las fuerzas policiales recibieron la orden de desalojar a miles de ciudadanos que habían bloqueado durante 55 días la carretera Fernando Belaunde, en protesta de los decretos legislativos que fueron promulgados durante el segundo gobierno del fallecido expresidente Alan García, porque afectaban los derechos colectivos de las comunidades amazónicas sobre los recursos naturales de sus territorios.
Los sucesos ocurridos en Bagua generaron una profunda conmoción en la prensa nacional e internacional, dividiéndose en distintos sectores que censuraban, denunciaban, reivindicaban, o que finalmente expresaban su apoyo a las demandas de los ciudadanos.
Los decretos que fueron cuestionados en el año 2009, dentro del marco de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, daban la facultad de entregar concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales en favor de empresas mineras.
El establecimiento de estas disposiciones legislativas provocó una fuerte oposición a las decisiones políticas del Ejecutivo, provocando del mismo modo, contraposiciones y debates «insuficientes» entre la bancadas parlamentarias.
Un día antes de que ocurriera la masacre, se realizaría el análisis de los informes sobre la constitucionalidad del decreto legislativo 1090, referido a la Ley Forestal. Sin embargo, antes de que llegaran los miembros de los partidos de la oposición, la bancada oficial aprista, en conjunto con otros partidos, decidieron votar en favor de suspender el debate.
«La sesión fue convocada a las nueve y treinta, todos lo sabían», expresó el entonces presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, en respuesta a los congresistas que solicitaban reaperturar el debate.
En ese entonces el excongresista Roger Nájar Kokally, explicó a la BBC que «el decreto (en cuestión) retira a los bosques de producción del patrimonio nacional forestal y eso significa que dejan de ser del Estado y que se transforman en superficies vendibles». Y esa mañana se pensaban debatir sobre «dos dictámenes que indican que la norma es inconstitucional».
Según las versiones del periodista Ricardo Uceda y de la exministra de la Mujer, Carmen Vildoso, la decisión de intervenir la «Curva del Diablo», provino de una orden establecida dentro de una reunión del Consejo de Ministros con el presidente.
Por otro lado, Salcedo Katee, a partir de una investigación señala que los pobladores habían coordinado su retirada con los policías, sin embargo, estos últimos recibieron la orden de enfrentarlos.
A partir de algunos de los informes que se desarrollaron después, en distintas comisiones investigadoras, atribuyen la mayor responsabilidad del suceso a el ex mandatario, y a la entonces ministra del interior, Mercedes Cabanillas. No obstante, casi la totalidad de los informes responsabilizaron a los generales de la policía que estuvieron a cargo del operativo. Mientras que, el informe Mazetti y el informe aprista atribuyeron la mayor responsabilidad a los denominados «actores externos no indígenas, que le habrían dado un carácter violentista a la protesta».
Múltiples estudios socio-políticos y antropológicos que se dieron después la tragedia, se sabe que entre las características fundamentales que tuvo la negociación entre las comunidades nativas y el Estado -antes de la violencia- estuvo presente el diálogo persecutorio de la prensa y las mesas de debate con pobres resultados.
Desde del suceso, los elementos del modelo político-económico vigente fueron estudiosamente cuestionados por especialistas, y a través de expresiones culturales y artísticas, se dio la reafirmación cultural de los actores amazónicos como agentes fundamentales para la protección de los recursos naturales y el medio ambiente.
A más de diez años del terrible suceso, el gobierno actual reconoció las dificultades que presentan para establecer un diálogo continuo con las comunidades de la Selva.
“Como gobierno reconocemos las falencias y quizás la falta de atención adecuada y oportuna ahora y a lo largo de la historia a los pueblos indígenas”, señaló Martín Vizcarra.
