Zoraida Ávalos, en su cargo de Fiscal de la Nación, presentó esta tarde una denuncia constitucional contra Manuel Merino, Ántero Flores y Gastón Rodríguez. El motivo de ello reside en el caso de Inti y Bryan, jóvenes que fallecieron por causa de la represión policial de las marchas de noviembre de 2020 originadas por la presidencia de Merino.
Delito en discusión
Ante Mesa de Partes del Congreso, el documento presentado por la Fiscalía acusa al expresidente y exministros por el presunto delito de homicidio de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Asimismo, se les responsabiliza de lesiones graves y leves contra 78 ciudadanos «a título de dolo eventual», ya que el resultado del escenario podía preverse. De hecho, una parte de la argumentación sustenta que «los investigados debieron asumir como una eventualidad altamente probable tal resultado» frente a las movilizaciones sociales.
Es preciso recordar que la demanda constitucional está amparada en el Art. 99 de la Constitución Política del Perú. Esta faculta para presentar acusaciones por infracción de la norma jurídica más importante del ordenamiento jurídico interno o por cometer delito en el ejercicio de sus funciones.
Detalles de la denuncia
Zoraida Ávalos habría dado inicio a la demanda constitucional contra los tres exfuncionarios luego de haber culminado las indagaciones preliminares sobre el caso en discusión. Principalmente, se rescata que Merino de Lama, Ántero Flores y Gastón Rodríguez actuaron de forma contraproducente a sus cargos que implicaba proteger a la ciudadanía.
«Las más altas autoridades del país incumplieron su deber constitucional y legal de proteger la vida e integridad física de los ciudadanos».
Por otra parte, se argumenta que lo adecuado hubiera sido adoptar medidas para «controlar el uso desproporcionado de la fuerza policial», debido a que ellos tenían la facultad de orden sobre las mismas pudiendo haber evitado resultados desfavorables como la muerte de dos personas fallecidas y ciudadanos con lesiones de diferente grado.
Finalmente, se reitera que la protesta es un mecanismo amparado en el marco jurídico que puede ser ejercido al ser parte de un derecho constitucional.
«Citando un informe de la CIDH, el uso de la fuerza pública también representa una fuente de violaciones a los derechos. Las consecuencias que se derivan pueden ser irreversibles».
Una historia para no repetir: Merino como presidente efímero
En el 2020, hubo una serie de eventos que marcaron el país suscitando movilizaciones sociales desde distintos puntos del territorio peruano. Los hechos empezaron luego de la destitución del expresidente Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino como el nuevo Jefe de Estado. Fueron días de protesta acompañados de cacerolazos para expresar el desapruebo con la decisión del Congreso de vacar a un presidente y la juramentación del gabinete de Merino.
A estos incidentes, se sumaron la muerte de Inti y Bryan, y la renuncia de ministros del gobierno provocando la renuncia de Merino. Así, este fue el presidente con menos días dentro del Ejecutivo y hasta hoy, muchos recuerdan a los jóvenes fallecidos como los «héroes del bicentenario».
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