En un giro sorprendente, la secretaría técnica de la Comisión de Justicia del Congreso ha realizado cambios sustanciales en su informe final sobre las acusaciones dirigidas contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Estas modificaciones resultaron en una recomendación de destitución de los magistrados por supuestas faltas graves.
Inicialmente, el informe había desestimado todas las acusaciones presentadas por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) en contra de los magistrados de la JNJ, incluyendo a la presidenta Imelda Tumialán y otros miembros como Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.
Sin embargo, una mayoría de congresistas en la comisión expresó su desacuerdo con este primer informe durante una sesión que tuvo lugar al mediodía del miércoles y se extendió por más de dos horas. Como resultado, se acordó suspender la sesión para realizar modificaciones en el informe.
La comisión presidida por la congresista Janet Rivas de Perú Libre reanudó la sesión a las 8 p.m. del mismo miércoles. En ese momento, un nuevo informe estableció que los miembros de la JNJ habían incurrido en faltas graves al interpretar que Inés Tello podía seguir ejerciendo su cargo a pesar de haber superado la edad de 75 años.
El informe modificado se basa en la conclusión de que los magistrados no cumplieron con el artículo 156 de la Constitución, el cual estipula que, para ser miembro de la JNJ, se requiere tener una edad mínima de 45 años y no superar los 75 años. El nuevo informe, que ahora recomienda la destitución de los miembros de la JNJ, será sometido a debate en el pleno del Congreso.
Cambios significativos en el informe
El nuevo informe señala que los miembros de la JNJ incurrieron en faltas graves al no presentar un informe anual al pleno del Congreso de manera oportuna. Esto marca un cambio significativo, ya que el informe original indicaba que el caso debía ser evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para determinar si había una infracción constitucional.
Sin embargo, ambas versiones del informe coinciden en descartar la falta grave en relación a las supuestas presiones ejercidas por los miembros de la JNJ sobre el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para emitir un pronunciamiento a favor de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Durante las audiencias, Arévalo negó haber recibido tales presiones y cuestionó la iniciación de investigaciones basadas en «chismes».
Los informes también coinciden en no encontrar una falta grave de la JNJ en su exhortación al Congreso para que reflexione sobre el proceso contra Ávalos, quien fue inhabilitada para ejercer funciones públicas. Además, se concluye que no se puede verificar la supuesta filtración a IDL Reporteros de un procedimiento disciplinario que sigue la JNJ contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Durante el debate en el Congreso, legisladores de diferentes partidos expresaron opiniones a favor de incluir las presuntas faltas graves en el informe, lo que podría conducir a una eventual destitución de los miembros de la JNJ. Mientras que algunos congresistas subrayaron la importancia de la supervisión del Congreso, otros criticaron la falta de defensa del informe original elaborado por la secretaría técnica por parte de la presidenta de la comisión.
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Un desenlace previsible
Esta semana, se ha vuelto patente la falta de voluntad de los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso para evaluar en profundidad la denuncia contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La rápida desestimación de las conclusiones de la secretaría técnica del grupo y su sustitución para que la denuncia continúe, demuestran que los congresistas no están interesados en un análisis exhaustivo. Esto se refleja en la aprobación de un informe «con cargo a redacción», es decir, inexistente en el momento de la votación.
El informe original afirmaba que no existían indicios de falta grave en los miembros de la JNJ en relación a cinco hechos denunciados. Estos incluyen emitir un pronunciamiento pidiendo reflexión sobre la remoción de Zoraida Ávalos, interpretar la Constitución a favor de Inés Tello, no presentar informes anuales al Congreso, presionar al presidente del Poder Judicial para favorecer a Ávalos y filtrar información del proceso contra Patricia Benavides a la prensa.
Sin embargo, la Comisión de Justicia votó por un nuevo informe que cambió las conclusiones sobre los primeros tres hechos, clasificándolos como faltas graves. Esto ocurrió en cuestión de horas, gracias al voto de 15 legisladores de diversas bancadas.
Este comportamiento no es inusual en el Congreso. Los parlamentarios a menudo desestiman los informes de la secretaría técnica en cuestiones éticas o para blindar a colegas acusados de corrupción. Además, este actuar ha revelado que el verdadero interés es destituir a los magistrados de la JNJ, lo cual se vio confirmado con la convocatoria a una sesión plenaria para abordar este tema.
En política, a menudo se dice que los fines justifican los medios, pero la forma en que el Congreso ha llevado a cabo esta denuncia contra la JNJ hasta el pleno deja en claro que el objetivo es la destitución a toda costa, en lugar de basarse en argumentos razonados.
