El día de ayer 25 de marzo, se llevó a cabo en el Congreso de la República, en la Sala Miguel Grau Seminario, una mesa de trabajo sobre el nuevo proyecto de ley sobre contrataciones con el Estado, organizada por la Comisión de Descentralización y presidida por el Congresista Alejandro Cavero. Este proyecto de ley representa un cambio significativo con respecto a la legislación actual en contrataciones públicas, buscando evitar los errores arrastrados por leyes anteriores.
Es importante destacar que la ley actual ha sido objeto de múltiples modificaciones inspiradas por situaciones mediáticas o políticas que han afectado negativamente la credibilidad y la buena fe que deben regir las relaciones entre proveedores y funcionarios públicos.
Las barreras impuestas por la ley actual se basan en una desconfianza excesiva hacia los proveedores potenciales del Estado, así como en la penalización de los funcionarios que toman decisiones. Esto ha dado lugar a un serio problema de escasez de proveedores y a la parálisis de los funcionarios al tomar decisiones durante los procesos de contratación.
Esta cadena de problemas, representa costos muy altos para todos los involucrados, se reduce mediante una ley que, en primer lugar, reconozca y valore a todos los actores de las contrataciones públicas. Ni el Estado es superior ni los proveedores son menos; cada parte involucrada en el proceso de contratación es relevante para el éxito de una gestión eficiente de las contrataciones públicas.
Mejoras planteadas
Entre las mejoras que se pueden plantear está el fomento de una mayor participación de proveedores de calidad. Se busca que estos proveedores puedan ofrecer los mejores bienes, servicios y obras, de modo que la entidad contratante elija proveedores no solo basándose en el criterio del precio más bajo, como suele ocurrir actualmente, sino que realmente tenga la capacidad de elegir la mejor opción según el principio de valor por dinero. La aplicación de este principio permitirá que el Estado pueda proporcionar bienes, servicios y obras de calidad, con mejores condiciones de vida útil, beneficiando así a la ciudadanía.
La Comisión de Descentralización está convencida de la importancia de cambiar el enfoque de la ley de contrataciones públicas, pasando de una normativa de carácter punitivo que desalienta la toma de decisiones, a una nueva ley que promueva compras más eficientes y efectivas.
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La importancia de esta ley
La importancia de las contrataciones del Estado en la Administración Pública es innegable, ya que tienen un impacto significativo en la gestión de los recursos y en la economía del país en su conjunto. Un correcto funcionamiento de estos procesos es fundamental para asegurar la eficiencia en el uso de los fondos públicos y para garantizar que los servicios y proyectos se ejecuten de manera efectiva.
Además, las contrataciones estatales representan una oportunidad para dinamizar la economía, ya que involucran una cantidad considerable de dinero que se canaliza hacia empresas y proveedores. Esto puede contribuir al crecimiento y desarrollo económico, así como a la generación de empleo y la promoción de la competitividad empresarial.
Sin embargo, es crucial garantizar la transparencia, la equidad y la eficiencia en los procesos de contratación del Estado para evitar malversación de fondos, prácticas corruptas y favorecer la participación de una amplia gama de proveedores. Asimismo, se deben establecer mecanismos de supervisión y control efectivos para asegurar el cumplimiento de los objetivos públicos y el uso adecuado de los recursos públicos.
Las contrataciones del Estado son un componente vital de la gestión pública y pueden tener un impacto significativo en la economía nacional, pero es fundamental que se lleven a cabo de manera transparente, eficiente y responsable para maximizar sus beneficios y evitar posibles riesgos y abusos.
