Los congresistas Patricia Chirinos, Edgard Tello, José Jerí, Luis Aragón, Ilich López, Nivardo Tello y Luis Cordero han presentado una denuncia constitucional contra Juan Carlos Villena Campana, el Fiscal de la Nación. Esta denuncia se ampara en los supuestos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal, amenaza contra autoridades elegidas y omisión de funciones. Es por este motivo que se solicita su inhabilitación para ejercer función pública durante 10 años y un juicio penal.
¿En qué se fundamenta la denuncia?
La denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, se fundamenta en presuntas infracciones a la Constitución. Así como delitos como abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal, amenaza contra autoridades elegidas y omisión de funciones. Estos delitos infringen los artículos 39°, 43°, 51°, 93°, 99°, 100° y 159° de la Constitución Política del Perú.
La controversia surge por el cuestionamiento de la designación de Delia Milagros Espinoza Valenzuela como Fiscal Suprema Titular en el Despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos. Esto mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 3478-2023-MP-FN el 14 de diciembre del 2023. La Fiscal Suprema Titular mediante la Disposición N° 24 de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, dispuso incorporar a la investigación preliminar de la carpeta fiscal 1228-2023 a 14 congresistas de la República.
Esta acción se considera una transgresión al debido proceso pues se está delegando facultades de manera indebida. Esta situación ha generado un cuestionamiento sobre la legalidad de las decisiones tomadas por Villena Campana. Especialmente en relación con la competencia para llevar a cabo investigaciones preliminares a congresistas. Lo cual ha desencadenado una serie de acciones legales y acusaciones en su contra. Así, se destaca que la competencia para realizar investigaciones preliminares recae en el Fiscal de la Nación, no en otros funcionarios.
Se debe saber que una denuncia constitucional en el Perú es un procedimiento que permite acusar a altos funcionarios del Estado por infracción de la Constitución y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Para presentar una denuncia constitucional, se debe realizar por escrito en la mesa de partes del Congreso e incluir los nombres de los denunciantes, la descripción detallada de los hechos, los documentos que respalden la denuncia, y la referencia a las normas constitucionales y legales aplicables. Esta denuncia culmina con una votación en el Pleno para determinar si hay lugar a causa para que el alto funcionario sea denunciado ante el Poder Judicial. De manera específica ante la Corte Suprema.
En este caso, el acusado, Juan Carlos Villena Campana, tiene derecho a la defensa y, en caso de una resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación debe formular denuncia ante la Corte Suprema en un plazo de cinco días. La Corte Suprema abrirá la instrucción correspondiente, y una sentencia absolutoria devolverá al acusado sus derechos políticos.
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¿Quién es Juan Carlos Villena Campana?
Juan Carlos Villena Campana ha adquirido actual relevancia en la escena política y judicial del Perú. Su papel como Fiscal de la Nación en el Perú comenzó en el año 2023. Anteriormente, ha ocupado cargos como Fiscal Supremo Titular, Fiscal Superior Titular y Presidente de la Junta de Fiscales Superior del Distrito Fiscal de Ica. Su gestión como fiscal de la Nación interino implica la evaluación de designaciones en el Ministerio Público. La reestructuración de oficinas clave y la toma de decisiones sobre la permanencia de fiscales en distintas áreas.
Además, con anterioridad, se le ha criticado por su actuación en casos como el del periodista Gustavo Gorriti, Rafael Vela y José Domingo Pérez. En donde se inició una investigación preliminar basada en testimonios. De esta manera, su papel como figura clave en la administración de justicia y su actuación en casos de relevancia nacional han puesto en tela de juicio su idoneidad. Así como su capacidad para ejercer su cargo de manera imparcial y conforme a la ley.
La denuncia constitucional plantea un desafío para la estabilidad política del Perú. Ya que involucra a altos funcionarios del sistema judicial en un proceso de acusación de índole constitucional. Es fundamental que el proceso se lleve a cabo con transparencia y respeto a la legalidad. Esto con el fin de garantizar la credibilidad del sistema judicial y la estabilidad política del país.
