En el Congreso de la República, se ha propuesto que los involucrados en sentencia por corrupción también puedan postularse para la presidencia del Perú.
Según la actual Ley de elecciones, los condenados a delitos no pueden postularse a la presidencia o vicepresidencia de la república.
El congresista Luis Cordero Jon Tay, del partido “Somos Perú”, fue quien presentó el proyecto de ley. El cual indica que se quiere modificar ,el literal J del artículo 107 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones. Teniendo como objetivo “establecer la resocialización de la pena», refiriéndose a las personas que han sido sentenciadas por distintos delitos, lo que incluye corrupción.
También indica que la nueva ley no generaría un gasto adicional al estado peruano. Debido a que solo modifica el artículo que menciona en el documento que se presentó para la evaluación de la nueva proforma.
En años recientes, la situación no ha mejorado significativamente. El caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” destapó una red de corrupción que involucraba a altos funcionarios del Poder Judicial y miembros del Congreso, quienes presuntamente intercambiaban favores políticos y judiciales. Además, se investigan a varios congresistas por sus vínculos con el narcotráfico y la compra de votos para bloquear reformas o proteger a sus aliados políticos.
Estas situaciones han contribuido a una percepción generalizada de que el Congreso peruano es una institución profundamente comprometida con la corrupción, lo que ha generado demandas ciudadanas por una reforma política más profunda y efectiva.
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El Congreso ha enfrentado numerosos escándalos de corrupción a lo largo de los años, reflejando un patrón persistente de falta de transparencia y abuso de poder.
Desde la década de 1990, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Se destaparon múltiples casos de sobornos a congresistas para aprobar leyes y medidas a favor del régimen. Lo que desembocó en una crisis política que culminó con la renuncia de Fujimori en el 2000. Desde entonces, han surgido repetidamente denuncias contra legisladores por enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos públicos, erosionando la confianza ciudadana en esta institución.
