El día de ayer, la presidenta Dina Boluarte lideró la coordinación de las acciones que se llevarán a cabo en las próximas horas tras la declaración del estado de emergencia en Arequipa. La información fue difundida a través de la cuenta oficial de la Presidencia en la plataforma X (anteriormente Twitter).
Estas coordinaciones tuvieron lugar después de una reunión de trabajo con alcaldes y las autoridades más destacadas del Poder Judicial y del Ministerio Público de la región mencionada. Los alcaldes expresaron su respaldo a la medida y su disposición para unir esfuerzos en favor de la seguridad ciudadana.
El miércoles pasado, el Gobierno anunció que estaba elaborando un decreto supremo para declarar el estado de emergencia en Arequipa con el propósito de fortalecer la seguridad y continuar luchando decididamente contra el crimen.
En otras regiones el estado de emergencia se prorroga
Por otro lado, en sendos decretos supremos publicados en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo oficializó la prórroga del estado de emergencia en las provincias de Pataz y Trujillo, en La Libertad.
En el caso de Pataz, se extiende el estado de emergencia por un periodo de 60 días calendario, comenzando el 14 de abril del 2024. Durante este lapso, la Policía Nacional del Perú tomará el control del orden interno, con respaldo de las Fuerzas Armadas. Además, se establece la suspensión de eventos sociales y espectáculos desde la medianoche hasta las 4:00 horas.
Asimismo, se extendió por 60 días calendario, comenzando el 14 de abril del 2024, el estado de emergencia en la provincia de Trujillo, ubicada en el departamento de La Libertad. Durante esta ampliación, se especifica que la Policía Nacional del Perú conservará el control del orden interno, con respaldo de las Fuerzas Armadas.
En ambos casos se aplican las disposiciones constitucionales que permiten restringir o suspender derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, reunión, y la libertad y seguridad personales. Además, se establece que la intervención de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas se rige por decretos legislativos y sus respectivos reglamentos sobre el uso de la fuerza.
También se implementará un protocolo de actuación conjunta para situaciones de detención, retención e intervención policial, dirigido especialmente a mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2023-MIM.
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Acceso a servicios y lazos institucionales
Asimismo, la Mandataria presidió una reunión de trabajo con alcaldes representantes de la Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe), con el objetivo de coordinar acciones conjuntas para impulsar proyectos de infraestructura en diversas regiones del país. En el encuentro, que tuvo lugar en Palacio de Gobierno, se discutieron también medidas para mejorar el acceso a servicios prioritarios, fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y combatir la inseguridad ciudadana.
Además, se anunció la elaboración de alternativas para hacer frente a la baja recaudación que ha afectado la asignación del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) a los municipios. Participaron en la reunión los alcaldes provinciales de Huancayo (Junín), Lucanas (Ayacucho), Huancavelica (Huancavelica), Yauyos (Lima) e Ica (Ica), así como el alcalde distrital de Sapallanga (Junín).
Previamente, la Jefa del Estado también se reunió con el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y los legisladores Arturo Alegría y Rosselli Amuruz, miembros de la Mesa Directiva del Parlamento para afianzar el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo. El objetivo de esta reunión era bordaron temas diversos en aras de generar un trabajo conjunto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
