El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del Juez Juan Carlos Checkley dispuso el levantamiento del secreto de comunicaciones por el caso Cuellos Blancos del Puerto, al líder del partido Alianza para el progreso y fundador de universidades, Cesar Acuña; al Gobernador de Trujillo, como testigo impropio. Asimismo, también se ven implicados y sujetos a esta disposición del Poder Judicial, al hermano Humberto Acuña Peralta, Guido Águila, exmiembro del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Mario Mendoza.
El exfiscal supremo Tomás Gálvez señaló que la investigación preliminar gira en torno a la declaración que realizó a la Fiscalía el ciudadano Willy Serrato, quien señaló que César Acuña le habría pedido a su hermano Humberto Acuña que interfiera en su designación como fiscal supremo.
¿Qué periodos comprende el registro histórico de llamadas?
Se requerirá un informe a las empresas operadoras de telecomunicaciones el periodo que comprende el registro de llamada (entrantes y salientes) y mensajes de texto SMS entre el 23 de enero de 2015 y 31 de enero de 2016.
Por otro lado, antes de proceder con iniciar el requerimiento, el abogado de Cesar Acuña en un primer momento se mostró en contra de esta orden, pues consideraba que la solicitud del Ministerio Público “vulneraba el principio de legalidad procesal”, no obstante, esta apelación fue rechazada ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
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Tesis fiscal sobre el Caso Cuellos Blancos
Esta organización estaría constituída por funcionarios y servidores del poder Judicial y del Ministerio Público, abogados, empresarios y el juez supremo César Hinostroza Pariachi junto con los exmiembros del desactivado Consejo Nacional de Magistratura (CNM), en el que las implicancias de por medio son:
- Ofrecimiento de rebajas de penas
- Negociaciones con el fin de ascensos
- Tráfico de influencias
- Cohecho pasivo y activo
Para la fiscalía, esta medida permitirá establecer las llamadas entre los investigados, entre éstos y los testigos impropios; entre los investigados y los testigos comunes; y entre los testigos impropios y los testigos comunes para establecer el flujo de llamadas entre todos y esclarecer adecuadamente la línea de investigación.
Al respecto, el exalcalde de Olmos Willy Serrato señaló en su testimonio que César Acuña Peralta habría brindado su “respaldo” para que el ex CNM seleccione a Gálvez Villegas en la plaza de fiscal supremo.
Remoción y renuncia de fiscales: equipo especial Cuellos Blancos
La fiscal de la nación Patricia Benavides removió, de forma irrumpida, a la fiscal Magaly Quiroz, quien conducía hasta hace unos días 74 investigaciones, 71 de las cuales las inició durante su gestión, que comprenden a más de 180 personas investigadas. Cuatro están en fase de acusación, dieciocho en etapa de formalización de investigación preparatoria, y el resto en fase de investigación preliminar.
El 21 de setiembre Jorge Díaz Cabello renunció al cargo indicando que fue por “motivos personales”, de acuerdo con la resolución publicada por el diario El Peruano.
Sin embargo, de acuerdo con diversas fuentes de IDL-R, el motivo real de su salida tendría que ver con que su despacho envió un informe al fiscal supremo provisional Franklin Tomy a raíz de la publicación de Hildebrandt en sus Trece, del 15 de setiembre pasado, que dio cuenta de los registros de llamadas entre el exjuez César Hinostroza y el fiscal Javier Huamaní, así como las transcripciones de audios entre ambos.
Javier Huamaní, un fiscal cercano a Patricia Benavides, había sido recientemente nombrado fiscal adjunto supremo provisional transitorio en el despacho de la segunda fiscalía suprema penal. De acuerdo con otra publicación del semanario Hildebrandt , Huamaní fue compañero de Benavides en el doctorado de la Universidad Alas Peruanas; y, apenas asumió el cargo de fiscal de la nación, esta lo designó coordinador nacional de las fiscalías en prevención del delito y representante del Ministerio Público ante el grupo de trabajo multisectorial a cargo de implementar la “Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030”, pero su nombramiento quedó sin efecto debido a una “incompatibilidad por razones de parentesco”.
