En una carta dirigida al Diario El Comercio, el ex presidente Alberto Fujimori reafirmó su «decisión» y «voluntad» de «asumir todos los riesgos» de una eventual postulación a cargos de gobierno. De esta manera, la posible participación del ex presidente Alberto Fujimori en futuras elecciones presidenciales y legislativas es una opción abierta.
La afiliación del indultado ex mandatario a dicha agrupación política, el pasado 15 de junio, ha generado una variedad de comentarios respecto a la legalidad de una candidatura suya. Sin embargo, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, consideró como «una gran noticia» que su padre se haya inscrito en su partido. Esto a pocas semanas del 12 de julio, fecha límite dispuesta por el JNE para que posibles candidatos se inscriban en alguna organización política.
Hasta la fecha, Fujimori Fujimori no había manifestado si tenía la intención de postular a algún cargo de gobierno. Sin embargo, una carta suya enviada al Diario El Comercio parece dar una respuesta en ese sentido. El medio mencionado indicó que le envió al ex presidente un cuestionario de cuatro preguntas, entre ellas ‘¿será candidato a la Presidencia o al Senado, o a ambos? ¿De qué depende?’, a lo que Fujimori Fujimori, según El Comercio, respondió: “Hoy reafirmo mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos”.
Esta intención, aparentemente, cuenta con el apoyo de la dirigencia de Fuerza Popular. Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, consideró que el cáncer que padece no impide que participe «ocupando su espacio» dentro del partido. «Que el líder fundador se inscriba para nosotros es un acto importante. Su prioridad es la salud. Él tiene un cáncer de 20 años. Se ha complicado un poco hace unos meses. Pero eso no impide que se inscriba y que participe como líder fundador, ocupando su espacio en Fuerza Popular», mencionó en una entrevista.
La constitución podría impedir su candidatura
Es importante resaltar que la eventual postulación de Fujimori -condenado por diversos delitos, entre ellos lesiones graves y secuestro agravado por los casos La Cantuta y Barrios Altos- tendría un impedimento legal. Esto debido a una reforma constitucional que se llevó a cabo, a iniciativa del Congreso, en septiembre del 2020.
Se trata de la Ley N° 31042, a través de la cual se incorporaron los artículos 34-A y 39-A al texto de la Constitución. Allí se señala que «están impedidas» de postular y ejercer «cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso».
Sobre este punto, Galarreta indicó que se trata de «una discusión en relación a un error de concepción». «Considero que el caso del Artículo 85 del Código Penal es muy claro: el indulto extingue la pena. Eso de que no extingue la pena porque sigue cumpliendo su pena pero en libertad, no […] Para mí es clarísimo y para mucha gente que no es fujimorista que también ha opinado, tanto como el doctor Quiroga, que es muy respetable, que sí extingue la pena y, por tanto, está habilitado para ser candidato», aseveró.
De esta forma, la declaración ha generado gran controversia y debate en Perú, ya que la postulación de Fujimori a cargos públicos estaría impedida legalmente debido a sus condenas. Así, muchos consideran que su retorno a la política sería inaceptable dada su trayectoria criminal. Sin embargo, el exmandatario parece decidido a intentar su retorno a la política peruana, pese a las objeciones legales y morales que enfrenta.
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La postura de la comunidad internacional
La noticia de la posible postulación de Alberto Fujimori a cargos públicos en Perú ha generado diversas reacciones en este ámbito. Human Rights Watch, a través de su cuenta de Twitter, expresó su preocupación y señaló que «los ojos de la comunidad internacional tienen que estar en estos momentos sobre Perú». Esto debido a que la liberación de Fujimori «implicaría un grave desconocimiento de las obligaciones internacionales del país».
Por un lado, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de esta organización, indicó que con la liberación de Fujimori, «el Perú se aísla en el escenario internacional» y lo «equipara a Venezuela y Nicaragua». Por otro lado, César Muñoz, director asociado de Human Rights Watch, afirmó que «Perú se coloca al margen del derecho internacional» con esta decisión.
Esto refleja la preocupación y rechazo por parte de la comunidad internacional a la liberación de Fujimori y su posible retorno a la política peruana. Esto en base a su historial de violaciones a los derechos humanos a raíz de los cargos penales. De hecho, se le considera un grave retroceso en materia de DD.HH. y una violación a las obligaciones internacionales de Perú.
