En un giro inesperado dentro del ya polémico caso del golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, Walter Ayala, uno de los abogados del expresidente Pedro Castillo, presentó una solicitud ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que suspendan al juez Juan Carlos Checkley, quien lleva el proceso judicial contra el exmandatario.
El expresidente Castillo, quien se encuentra en el ojo de la tormenta desde que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto en diciembre de 2022, ahora enfrenta una nueva batalla legal. Su defensa, liderada por Ayala, argumenta que el juez Checkley representa un peligro en la administración de justicia en el manejo del caso, lo que pone en entredicho la legitimidad del proceso judicial.
La petición de suspensión del juez Checkley se basa en su supuesto involucramiento con Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, en sus intentos para que archiven el caso de su hermana, Enma Benavides. Aunque los casos de Enma Benavides y Pedro Castillo no están relacionados, la defensa del exmandatario sostiene que este vínculo afecta la percepción de justicia en el caso de Castillo. En consecuencia, Ayala solicitó una medida cautelar de suspensión preventiva en el cargo para el juez Checkley.
La defensa
Walter Ayala, conocido por su ferviente defensa de los derechos de sus clientes y su historial en casos controversiales, instó a la JNJ a tomar medidas urgentes para apartar a Checkley del caso. Según Ayala, la conducta del juez y sus conexiones cuestionables no garantizan un juicio justo para Castillo, y su permanencia en el cargo podría afectar negativamente el desenlace del proceso.
La petición de Ayala incluye una serie de incidentes y decisiones judiciales que, según la defensa de Castillo, evidencian una predisposición en contra del exmandatario. Entre los argumentos se encuentran decisiones judiciales que, a juicio de Ayala, han perjudicado gravemente el derecho a una defensa adecuada y han violado principios básicos del debido proceso.
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Opiniones y consecuencias
Algunos especialista en materia penal sostienen que el recurso presentado por el expresidente intenta dilatar el proceso judicial por golpe.
Carlos Caro, abogado penalista, señaló a través del El Comercio que: «Castillo es un imputado, un acusado, una parte interesada. Desde el punto de vista legal, promover procesos, denuncias o quejas contra los investigadores cuando las indagaciones están en curso, especialmente en una etapa avanzada, es por el contrario, actos de obstrucción a la justicia«.
En medio de esta controversia, la figura de Pedro Castillo sigue siendo polarizadora. Mientras sus partidarios defienden su actuación y alegan persecución política, sus detractores exigen que se haga justicia por lo que consideran un intento flagrante de subvertir el orden democrático.
Este nuevo capítulo en la saga judicial de Pedro Castillo refleja las complejidades y tensiones que rodean su caso. La solicitud de Walter Ayala ante la JNJ marca un punto crítico en el proceso, que podría redefinir el rumbo de la batalla legal del expresidente.
La decisión de la JNJ sobre la solicitud de suspensión del juez Checkley será determinante para el futuro del caso y para el destino de Pedro Castillo, quien sigue navegando en un laberinto legal y político del cual aún no se vislumbra una salida clara.
