El día de ayer, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, presidida por el legislador Américo Gonza Castillo, aprobó por mayoría un dictamen que propone incorporar el delito de «terrorismo urbano» en el Código Penal peruano.
La propuesta legislativa, que recibió 14 votos a favor y 4 abstenciones, plantea añadir un nuevo capítulo denominado «Terrorismo Urbano» en el Título XIV del Libro Segundo del Código Penal, que incluiría los artículos 318°-A y 318°-B.
De acuerdo al dictamen aprobado, se consideraría terrorismo urbano «provocar o realizar actos típicos concurrentes en dos o más delitos previstos en los artículos 108, 108-C, 108-D, 121, 129-A, 129-B, y otros. También, en los delitos agravados de la Ley de Delitos Informáticos, generando zozobra en la población o un sector de ella. Esto con la finalidad de obtener ventaja o beneficio económico». Los tribunales sancionarán este delito con penas de 23 a 30 años de cárcel y 365 días multa.
Américo Gonza justificó que «el nombre del tipo penal ya es innovador» y explicó que la norma apunta a combatir delitos como la extorsión múltiple, cobros ilegales y el denominado «gota a gota». Además, agravaría las penas si los implicados son miembros de las fuerzas del orden, usan explosivos, atentan contra servicios públicos o las víctimas e infractores son múltiples.
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Circunstancias agravantes
Según el dictamen aprobado, el delito de terrorismo urbano también se configuraría si «el agente comete estos actos desde el interior de un establecimiento penitenciario, donde se encuentra privado de su libertad» o si «utiliza a menores de edad u otros inimputables para su comisión».
Entre otros agravantes figuran «actuar con gran crueldad» o si la víctima es un funcionario de alto rango, miembro de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional «o cualquier autoridad elegida por mandato popular».
El proyecto de ley establece que la pena se agravará también si el delito es realizado por dos o más personas. Además, si se comete contra torres de energía o transmisión, o si afecta cualquier servicio público de agua o energía eléctrica.
Contexto de inseguridad ciudadana
En los últimos meses se han presentado en el país, sobre todo en la región norteña de La Libertad, ataques de organizaciones delictivas contra una empresa minera y el derribo de torres de alta tensión, en medio del embate de la minería aurífera ilegal.
Los promotores de la medida legislativa señalan que esta busca enfrentar y sancionar de manera efectiva los delitos que perturban gravemente el orden público y la seguridad ciudadana en el Perú.
Pese a las críticas de sectores que ven un riesgo de criminalización excesiva, el Ejecutivo ha respaldado la iniciativa como parte de su estrategia contra la delincuencia. El proyecto de ley que crea el nuevo tipo penal de «terrorismo urbano» tendrá ahora que ser discutido y votado por el pleno del Congreso de la República.
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