La fiscal suprema Delia Espinoza ha solicitado la suspensión temporal de Patricia Benavides de su cargo como fiscal de la Nación por un periodo de 36 meses. Este pedido, presentado el 10 de mayo, surge en el marco de una investigación preliminar por presuntos delitos de corrupción y organización criminal. La audiencia para decidir sobre esta solicitud se ha programado para el 22 de mayo de 2024, a las 9:30 a. m., y se llevará a cabo de manera virtual.
Contexto de la suspensión
El origen de las investigaciones contra Patricia Benavides se remonta a enero de 2024, cuando el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) destapó presuntas actividades ilícitas en el entorno de Benavides dentro del Ministerio Público. Aunque inicialmente la EFICCOP no tenía jurisdicción sobre Benavides debido a su alto rango, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, designó un nuevo despacho a la Fiscalía Suprema para llevar a cabo las diligencias necesarias.
El pedido de suspensión de Delia Espinoza se fundamenta en la supuesta participación de Benavides en una red de corrupción que habría negociado favores con congresistas para suspender a la fiscal suprema Zoraida Ávalos y archivar varias investigaciones, incluyendo el conocido caso «Los Niños» vinculado al gobierno de Pedro Castillo. Además, Benavides estaría implicada en proteger a su hermana, Enma Benavides, acusada de recibir sobornos para liberar a investigados por narcotráfico.
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La Reacción de la Defensa
El abogado de Patricia Benavides, Jorge del Castillo, ha minimizado la solicitud de suspensión, calificándola de infundada y asegurando que no prosperará. Según del Castillo, las pruebas presentadas por Delia Espinoza son insuficientes, hecho respaldado por la reciente decisión del juez Juan Carlos Checkley de rechazar un pedido para imponer un impedimento de salida del país a Benavides. Del Castillo sostiene que la situación es un acto de ensañamiento contra su cliente y que la solicitud de una suspensión por 36 meses es desproporcionada en comparación con la negativa de imponer restricciones de viaje.
Un Contexto Judicial Complejo
La solicitud de suspensión de Patricia Benavides no solo destaca por su gravedad, sino también por el contexto complicado en el que se desarrolla. Benavides ya había sido suspendida desde el 7 de diciembre por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por un periodo de seis meses, plazo que vence el 6 de junio. Sin embargo, debido a la falta de quórum, la JNJ no puede extender la suspensión disciplinaria ni concluir su proceso de destitución. En este escenario, el regreso de Benavides al Ministerio Público podría entorpecer las investigaciones en curso y afectar la normal marcha de la Fiscalía de la Nación.
Implicaciones y Próximos Pasos
La audiencia del 22 de mayo será crucial para determinar el futuro inmediato de Patricia Benavides. El juez supremo Juan Carlos Checkley presidirá la sesión, donde se evaluarán los argumentos de ambas partes. La decisión tomada en esta audiencia tendrá implicaciones profundas no solo para Benavides, sino también para la percepción pública del sistema judicial y la lucha contra la corrupción en el país.
La situación de Benavides es sintomática de un problema mayor en las altas esferas del poder judicial peruano. La aparente incapacidad del sistema para procesar adecuadamente las acusaciones y el hecho de que figuras prominentes puedan influir en el curso de las investigaciones resaltan la necesidad de reformas estructurales profundas. La transparencia y la imparcialidad deben ser pilares fundamentales en la administración de justicia, y cualquier sombra de duda sobre estos principios socava la confianza pública.
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Implicaciones de la Solicitud de Suspensión
La solicitud de suspensión de Patricia Benavides pone en evidencia un sistema judicial que lucha por mantener su integridad frente a serias acusaciones de corrupción. La falta de consenso dentro de la JNJ y las decisiones judiciales aparentemente contradictorias subrayan la fragilidad del proceso. Independientemente del resultado de la audiencia del 22 de mayo, es imperativo que el sistema judicial peruano se fortalezca para garantizar que la justicia no solo se haga, sino que también se vea claramente como hecha.
Es crucial que las instituciones encargadas de velar por la justicia actúen con la mayor transparencia y apego a la legalidad posible. Las acciones de Patricia Benavides, si se prueban las acusaciones, constituyen una traición a la confianza pública y una mancha en la reputación del Ministerio Público. La pronta y justa resolución de este caso será un paso vital hacia la recuperación de la confianza ciudadana en sus instituciones judiciales.
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