El ex presidente Ollanta Humala y Nadie Heredia son investigados por la presunta concesión irregular del Centro de Convenciones de Lima.
La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato solicitó que el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadie Heredia paguen una reparación civil de 422.900.376 soles, 1,8 millones de dólares si son culpables de delitos como colusión agravada, tráfico de influencias y lavados de activos, relacionados con la presunta licitación irregular del Centro de Convenciones de Lima a la empresa brasileña OAS.
El monto requerido se desglosa en 422.900.376 soles por colusión agravada, 1,4 millones de dólares por tráfico de influencias y 400 mil dólares por lavado de activos. Esta suma, de acuerdo con la procuradora adjunta Nory Vega Caro, se fundamenta en los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que habrían generado los imputados al Estado.
El juez Jorge Chávez aceptó pedido de Procuraduría
El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional aceptó la solicitud de la Procuraduría para considerarse como actor civil en el proceso, tras rechazar las oposiciones planteadas.
«Se determina que la solicitud de constitución en actor civil cumple con las exigencias formales previstas en el artículo 100° del Código Procesal Penal, por ende, debe estimarse el pedido de constitución de Procuraduría Pública, conforme a los fundamentos antes mencionados y desestimarse las oposiciones planteadas”, manifestó el magistrado en el documento.
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La actualidad de Ollanta Humala y Nadine Heredia
Actualmente, Humala y Heredia enfrentan un juicio oral por presunto lavado de activos, acusados de recibir aportes ilícitos de diversas fuentes para financiar sus campañas presidenciales del 2006 y 2011. El juicio está a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
El mismo tribunal también está a cargo del juicio oral contra Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, por el presunto lavado de activos y otros delitos relacionados con los supuestos aportes ilegales a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
