El Congreso de la República recibió hasta tres denuncias constitucionales contra Alberto Otárola, quien recientemente presentó su renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tras la difusión de una conversación telefónica con Yaziré Pinedo Vásquez, con quien tendría una relación sentimental.
Los congresistas Elías Varas Menéndez, de Perú Bicentenario, Margot Palacios Huamán, perteneciente a la bancada de Perú Libre, y el parlamentario no agrupado Juan Burgos Oliveros elevaron sus denuncias ante el Legislativo para su tratamiento por medio de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Las denuncias constitucionales
El legislador Menéndez enfatiza que el ex primer ministro incurrió en los delitos de tráfico de influencias, colusión y negociación incompatible en el ejercicio de su función, por lo que solicitó su inhabilitación por 10 años.
«Por lo expuesto, se advierte de manera expresa y dolosa que el señor Luis Alberto Otárola Peñaranda (…) ha cometido infracción constitucional al interpretar de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional el artículo 1°, 39°, 40 y 44 de la Constitución, al facilitar la contratación de la ciudadana Yaziré Pinedo Vásquez con el Estado; por lo tanto ha incurrido en la comisión de los delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y colusión, en su calidad de presidente del Consejo de Ministros», argumenta.
Asimismo, Palacios Huamán vinculó a Otárola con las infracciones en los artículos 123°, 126° y 128° de la Carta Magna, por los cuales indicaría su infracción en los delitos de abuso de autoridad y tráficos de influencias en agravio al Estado.
«Estos audios amorosos son apenas un detalle más, y antes se había denunciado públicamente por los temas «amigas» del premier Otárola que habrían logrado contratos por cercanía con el acusado (…) La grabación de una comunicación telefónica vincularía nuevamente al presidente del Consejo de Ministros (…) con Yaziré Pinedo, la joven que logró órdenes de servicio con el Estado tras reunirse con el titular del Gabinete», señala la denuncia.
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Burgos Oliveros resalta que «la conducta del denunciado ha contravenido el normal desarrollo de la función pública, y la institucionalidad democrática» presentada por el extitular del PCM.
Además instó a su suspensión por 10 años de ejercer alguna función pública, luego de encontrar infracciones por la comisión de los delitos de concusión, colusión, patrocinio, ilegal, peculado de uso, y, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo regulados por el Código Penal.