El Midis publicó un comunicado respondiendo sobre la contratación de personal en programas sociales, debido a un reportaje periodístico emitido hace unos días.
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) emitió un comunicado refutando alegaciones de injerencia por parte de la presidenta de la República en procesos de contratación de personal para programas sociales. La entidad asegura que los profesionales designados cumplen sus funciones sin influencia externa.
En el programa Pensión 65 designaron al abogado Teodoro Francisco Celadita Ruiz mediante resolución del 23 de octubre del 2023, cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley.
Por otro lado, en el Programa País contrataron a Francisco Rubén Valerio para elaborar indicadores, verificando que cumple con los requisitos y experiencia necesaria para ejercer el cargo encomendado.
Supuestos beneficiados en contrataciones del Midis
El dominical “Cuarto Poder” señaló que Dina Boluarte habría beneficiado a Carmen Giordano Velásquez, amiga cercana, con importantes puestos laborales, pese a la poca experiencia de Giordano, la contrataron como consultora de Palacio de Gobierno, ganando un sueldo de S/15,000, mejorando su situación económica.
Su exesposo, Francisco Valerio Fidel, también habría obtenido beneficios al convertirse en proveedor del Estado, facturando S/176,000 para el Midis desde noviembre del 2021 hasta enero del presente año. Fidel, ingeniero industrial y docente universitario, generó controversia al ser vinculado con el ministerio en el que Boluarte desempeña su labor.
«Fue contratado el 10 de enero del 2024 con el fin de realizar la elaboración y construcción de los indicadores de los diferentes subprocesos de la Unidad de Recursos Humanos (…) Para su contratación, se ha verificado que cumple con los requisitos, experiencia y especialización del perfil”, expresaron un comunicado.
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Destacan verificación de requisitos
Asimismo, El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social enfatizó en la verificación rigurosa de requisitos y la transparencia en los procesos de contratación que realizan, refutando cualquier alegación de favoritismo o influencia indebida en las decisiones del personal para los programas sociales.
