El 19 de enero se anunció, mediante diversas organizaciones sociales, una marcha contra la privatización de boletos virtuales para Machu Picchu. Sus métodos de presión consistieron en el cierre de vías de acceso al centro arqueológico, por lo que el Ministerio de Cultura tuvo que cerrar el ingreso de este por cuestiones de seguridad. Este hecho generó que gran cantidad de turistas quedaran varados. Frente a este contexto, la Policía Nacional garantizó salvoconductos para la evacuación de visitantes. Diversas embajadas mostraron su preocupación por sus nacionales varados. Actualmente, no se conoce ninguna muerte relacionada a los enfrentamientos entre la PNP y manifestantes. Sin embargo, el Diario el Gobierno pudo obtener el contacto de un extrabajador del Gobierno Regional y exfuncionario de instituciones locales que nos otorgó los detalles que subyacen el fenómeno social.
Malestar con el Ministerio de Cultura
Según la fuente, el Ministerio de Cultura es un actor crucial para entender el problema que está sucediendo en suelo cuzqueño. El MINCUL no habría realizado una acertiva comunicación sobre sus nuevas políticas, generando así un ambiente de incertidumbre hacia los pobladores. Es importante precisar que el turismo es crucial para la región de Cuzco y gran parte de su población está relacionada directa e indirectamente con esta, por lo que cualquier cambio relacionado con su máximo atractivo, Machu Picchu, es de suma valía. Asimismo, existe un malestar relacionado con la falta de transparencia y presuntos actos de corrupción referido a la venta de entrada para Maravilla del Mundo. En el Congreso se conocen dos mociones para interpelar el contrato entre el Ministerio de Cultura y la empresa Joinnus. Se criticaría la no realización de un concurso público como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado.
Intereses contrapuesto
Según nuestro informante, quienes estarían detrás de la movilización serían actores que muchos de ellos eran parte de una red de entradas asociados a la plataforma de compra anterior, los cuales ralentizaban el servicio mediante burocracia e intereses personales y, por ende, realizaban una función deficiente. Nuestra fuente nos comentó que actualmente algunos dirigentes afectados por el contrato del Estado con Joinnus están lanzando una narrativa que busca desinformar y alarmar a la población local. En otras palabras, se estaría tervigersando la información en pro de esperar una respuesta ciudadana contra la empresas acreedora actualmente de las entradas a Machu Picchu. Además, nuestro contacto nos recordó que existen servicios alrededor de la venta de entradas que estaban desde antes privatizados por distintos actores. Es así que el problema radicaría en la narrativa impulsada por grupos de intereses más que por el hecho de privatización per se.
Desazon y desacuerdo con el Estado
El año pasado, a inicios del 2023, el Cuzco fue una de las regionales más convulsionadas por las manifestaciones contra la mandataria Dina Boluarte, donde una serie de vidas se perdieron en las disputas contra la Policía. En este sentido, según el entrevistado, la región de Cuzco mantiene la misma línea que ha adquirido la mayoría de regiones sureñas, criticando al gobierno actual. Las secuelas de las manifestaciones del 2022 y el 2023 se estarían evidenciando al día de hoy. Existe un gran sector poblacional que no está de acuerdo del rumbo que ha tomado el país y que espera justicia frente a lo sucedido en años anteriores. Finalmente, el exfuncionario atribuyó las diferencias entre la región y el gobierno central a la educación política imperante.
