El Congreso se halla nuevamente en el epicentro del cuestionamiento ante las recientes revelaciones de Jaime Villanueva, exasesor de la ex Fiscal de la Nación Patricia Benavides. Aparentes negociaciones bajo la mesa, citaciones y revelaciones comprometedoras han desencadenado una nueva crisis sin precedentes.
La trama señala directamente al presidente del Parlamento, Alejandro Soto. En ese sentido, Villanueva se autodenomina como la voz autorizada para coordinar acciones entre la Fiscalía y el Congreso durante su periodo como asesor, destapando un entramado de aparentes prácticas corruptas que deslegitiman, una vez más, a diversos funcionarios públicos.
LEE TAMBIÉN: Aníbal Torres: subcomisión aprueba recomendación de inhabilitar al expremier
Presunto intercambio de favores en el caso ‘Fábrica de Trolls’ a cambio de prioridades en la Agenda del Congreso
Villanueva sostiene que se acordó dar prioridad a la Moción Nro. 7565 a cambio de favores en la pesquisa relacionada con la «Fábrica de Trolls». Este caso evidenciaba la presunta participación de algunos colaboradores cercanos al presidente del Congreso, Alejandro Soto, en la creación de cuentas falsas con el fin de mejorar su reputación. De acuerdo con las conversaciones, Soto se comprometió a incluir en la agenda la moción de orden del día presentada por Patricia Chirinos para investigar a la Junta Nacional de Justicia de manera prioritaria, a cambio de un posible rescate por parte de Benavides en las investigaciones en su contra.
En ese sentido, se develó que Jaime Villanueva y Abel Hurtado, también exasesor de Benavides, se reunieron con Alejandro Soto y Sandra Rodríguez, asesora del presidente del Congreso, durante la tarde del día 5 de setiembre de 2023, en la oficina de la presidencia del Congreso. Villanueva asegura que la orden tenía que agilizarse para neutralizar a la Junta Nacional de Justicia.
LEE TAMBIÉN: Congreso avanza firmemente en su postura contra la CIDH
¿Cuál era la relevancia de la controvertida priorización de la Moción Nro. 7565 en la agenda legislativa?
En efecto, la Moción Nro. 7565 fue priorizada por el Consejo Directivo del Congreso y obtuvo la aprobación del Pleno el 7 de septiembre de 2023, con un respaldo de 84 votos a favor, 22 en contra y 7 abstenciones. Esta moción tenía como objetivo investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por cinco presuntas faltas de causa grave, que en su momento suscitaban dudas respecto a la interpretación que se estaba haciendo del artículo 157 de la Constitución por parte de Chirinos. Estas incluían: (1) el pronunciamiento sobre la sanción a la fiscal Zoraida Ávalos, (2) la presión sobre el presidente del Poder Judicial, (3) una interpretación del límite de edad, (4) la omisión de presentar informe anual al Congreso y (5) la filtración de la investigación sobre Patricia Benavides a IDL Reporteros.
Este destape revela indicios de que Benavides negoció favores directos a cambio de utilizar su influencia para impulsar su objetivo final: la destitución total de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La priorización de la moción según las declaraciones de Villanueva, se llevaba a cabo de manera simultánea con un cuestionado blindaje judicial que, en ese momento, impedía que la JNJ avanzara con las investigaciones preliminares en curso contra la entonces fiscal de la Nación. Este escenario plantea serias interrogantes sobre la integridad de los procesos legislativos y judiciales, subrayando la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer la presunta manipulación de estos mecanismos en aras de intereses personales.
LEE TAMBIÉN: Crisis en Medio Oriente: Irán y Pakistán desatan una escalada de tensiones con ataques cruzados
Reacción del Congreso y citaciones en Fiscalía
En medio del desconcierto político generado por la acusación de liderar una organización criminal a Patricia Benavides, los congresistas involucrados en el meollo han respondido de manera contundente, negando rotundamente su participación en los presuntos actos ilícitos. La Fiscalía, actuando con celeridad, ha extendido las investigaciones, citando a otros legisladores clave: Katy Ugarte, José Balcázar y Patricia Chirinos. Mientras la incertidumbre persiste, la estrategia de defensa pareciera alinearse en el silencio estratégico.
La política nacional se encuentra en una encrucijada. Mientras las revelaciones continúan avanzando, aumenta la crisis de estabilidad del panorama político del país. Este episodio plantea aún más dudas sobre la ética y la moral en el Congreso, dejando al país en vilo, nuevamente. La sociedad espera respuestas claras y acciones concretas para abordar esta situación, mientras la confianza en las instituciones se ve afectada.
