La criminalidad y la inseguridad ciudadana han aumentado en todo el país. Sin embargo, se ha evidenciado una falta de estrategias estatales con el fin de hacerle frente. Se han llevado a cabo proyectos de corto plazo como la declaratoria de estados de emergencia y también se han visto manifestaciones a nivel social como el ocurrido en algunos distritos de Lima la semana pasada. Sin embargo, se ha propuesto un proyecto de ley por parte de Acción Popular, la cual busca instaurar la pena de muerte para una lista de delitos que últimamente son bastante comunes en nuestro país.
¿Qué se ha propuesto?
Luis Aragón, congresista de Acción Popular, presentó el Proyecto de Ley 6279 la semana pasada, el cual está siendo revisado por la Comisión de Constitución del Congreso. En él, se plantea la modificación de la Constitución y el Código Penal referentes a la pena de muerte. Esto con el fin de ampliar los alcances de esta medida coercitiva a otros delitos como lo son la extorsión, el sicariato, así como la trata o el abuso de menores de 14 años de edad.
En la actualidad, conforme al artículo 140 de la Constitución, solamente cabe la aplicación de la pena capital para dos delitos. Por un lado la traición a la patria en caso de guerra y en segundo lugar en caso de terrorismo. Sin embargo, la aplicación de esta condena solamente puede hacerse siguiendo las disposiciones que establezcan los tratados internacionales sobre derechos humanos. Lo cual ha impedido que se pueda concretar en muchas ocasiones esta medida en nuestro país. En conversaciones con Exitosa Te Escucha, mencionó que se debe ampliar en este artículo su aplicación a los otros supuestos mencionados.
Según Aragón, este proyecto tiene la finalidad de fortalecer la soberanía estatal para garantizar los derechos fundamentales a la vida y la integridad de los menores de edad. Mediante el desaliento a las personas que cometen estos crímenes con medidas coercitivas más drásticas. Señalando así que no bastaría con un estado de emergencia como el que se viene aplicando en algunos distritos del país, sino en agravar las consecuencias para los hechos delictivos.
¿Cómo se piensa concretar este proyecto?
En la actualidad, bajo los tratados internacionales de los que el Perú es parte, sería imposible ampliar la pena de muerte para esos casos. Ya que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual el Perú es parte desde 1978 prohíbe a sus miembros la posibilidad de ampliar la pena de muerte a otros delitos. Por esta razón, solamente se ha mantenido la pena de muerte para casos de traición a la patria en casos de guerra, al no poderse aplicar a los delitos de terrorismo en ningún momento, al ser dicha disposición más actual.
Por esta razón, la presente iniciativa legislativa propone una mayor facilidad para poder retirarse de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. De esta forma, se añadiría la llamada “cuarta disposición transitoria de la Constitución”. La cual facultaría al Estado Peruano a retirarse de todos aquellos tratados internacionales que sean contrarios a las disposiciones del artículo 140. Así, se dejaría abierta la posibilidad a establecer mayores ampliaciones al artículo con el fin de incorporar nuevos supuestos para la aplicación de la pena de muerte.
¿Es nueva esta iniciativa legislativa?
Constantemente se ha sometido a debate la incorporación de la pena de muerte para distintos delitos. Además, en los últimos años se han establecido distintos proyectos de ley con el fin de retirar al país de la CIDH al considerarla contraria a los intereses nacionales en materia de seguridad ciudadana. Por lo tanto, no es una iniciativa innovadora la presentada por el congresista Aragón. Por el contrario, responde a una tendencia a nivel legislativo que tiene varios años buscando materializarse.
En las últimas semanas, se ha demostrado un fracaso a nivel estatal para responder ante la creciente ola de inseguridad. Tanto el sistema judicial penal como la labor de la Policía Nacional carecen de un apoyo mayoritario ciudadano por la falta de resultados concretos. Por esta razón, surgen estos proyectos de índole populista que realmente no son innovadores. Por el contrario, se reafirma una demanda ciudadana que ya anteriormente ha sido presentada y no se ha logrado concretar por parte del Congreso.