A un mes de decretado el estado de emergencia en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, la medida dictada por el gobierno de Dina Boluarte presenta resultados cuestionables. Esto debido a que no ha logrado detener la ola de violencia que azota a los vecinos.
El viernes por la noche, tres personas, entre ellas dos serenos municipales, fueron asesinadas a tiros mientras se movilizaban en mototaxi cerca al parque Los Periodistas en Canto Grande. Pese a ser llevados con vida a un hospital, los tres fallecieron debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por al menos ocho disparos efectuados por desconocidos, confirmó la policía.
Este crimen se suma a otros cinco perpetrados en menos de una semana en San Juan de Lurigancho, a pesar de que el pasado 20 de septiembre el Ejecutivo decretó el estado de emergencia.
Aumento de la violencia
La medida se anunció entre grandes expectativas y el despliegue de un importante contingente policial y militar en las calles del distrito más poblado de Lima. Lamentablemente, un mes después, la violencia no ha cesado. Según las cifras municipales, hubo 91 asesinatos en lo que va del año. Esta semana ocurrieron 6 crímenes más, incluyendo el del teniente gobernador Tommy Saravia Atuncar, baleado el jueves mientras supervisaba una obra.
Ante este panorama, el gerente de Seguridad Ciudadana de San Juan de Lurigancho, Juan Carlos Rodríguez, admitió que la presencia policial y militar en el distrito ha ido disminuyendo con el paso de las semanas.
El funcionario edil señaló que los 1,700 policías en comisarías son insuficientes para 1.3 millones de habitantes. Pidió incrementar efectivos en los 45 puntos críticos identificados.
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Reacciones de los expertos
Por su parte, analistas en seguridad ciudadana han calificado como un «fracaso» los resultados del estado de emergencia en San Juan de Lurigancho.
El exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, afirmó que la medida se decretó sin una adecuada planificación. Además, sin el cumplimiento de metas que realmente impacten en la lucha contra la delincuencia organizada que opera en la zona.
Asimismo, el exasesor del Ministerio del Interior, Luis Herrera Romero, sostuvo que la disposición no ha significado mayores capturas de delincuentes ni un incremento en los operativos policiales. «Para combatir el delito, el Estado debe contar con una movilidad igual o superior a este, por lo que se requiere fortalecer la inteligencia y la investigación criminal«, remarcó.
Se propone un nuevo enfoque policial más estratégico, que planifique metas claras para combatir el crimen organizado a través de un uso intensivo de tecnología, datos e interinstitucionalidad. Asimismo, fortalecer la investigación criminal y patrullaje, acorde a cada zona e incrementando la presencia policial donde se requiera, para anticiparse a amenazas.
Cabe mencionar que el ministro del Interior, Vicente Romero, había afirmado días atrás que el estado de emergencia estaba logrando una reducción del 20% en los delitos en San Juan de Lurigancho.
Los números no mienten
No obstante, según una encuesta de Ipsos realizada entre el 11 y 13 de octubre, el 48% de los vecinos del distrito declaró haber sido víctima de algún delito en los últimos doce meses.
De acuerdo al último informe de victimización del INEI, entre los años 2021 y 2022 se registró un preocupante incremento del 21,5% en las denuncias por delitos en Lima Metropolitana, pasando de 130,160 a 165,818. También se reveló que durante el primer trimestre del año en curso, las denuncias por delitos cometidos en Lima Metropolitana aumentaron en un 8,5% con respecto al mismo periodo del año anterior, siendo 35,155 las denuncias por crímenes contra el patrimonio.
Así, las estadísticas evidencian el limitado impacto que ha tenido la medida de excepción para contrarrestar los altos niveles de criminalidad.
A un mes de su implementación, se cuestiona gravemente el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho. Pese a la presencia de policías y militares, los asesinatos y crímenes persisten sin que las mafias que operan en la zona muestren debilitamiento.
La población espera que las autoridades corrijan fallas en el despliegue de efectivos y estrategias, de modo que la medida de excepción pueda comenzar a dar resultados concretos en la lucha contra el crimen como se esperaba.
