El legislador Alejandro Cavero presentó este jueves un proyecto de ley que busca promover la participación del capital privado en la empresa estatal Petroperú, a través de la venta o emisión de acciones en el mercado de valores. La iniciativa legislativa plantea mejorar la gobernanza corporativa y el desempeño financiero de la petrolera.
Cavero sustenta la propuesta en la necesidad de reducir el rol subsidiario del Estado en el sector y en los casos de corrupción que han afectado a la empresa en los últimos años. El proyecto de ley aún debe ser evaluado y debatido en el Congreso antes de su posible aprobación.
De ser aprobada, la norma facultaría a Petroperú a colocar nuevas acciones en la Bolsa de Valores de Lima, las cuales podrían ser adquiridas por privados. Esto le permitiría obtener capital fresco para invertir. Si el Estado pierde la mayoría accionaria, la empresa pasaría a regirse por la ley de sociedades privadas.
Propuesta detallada
El Proyecto de Ley N.° 5977/2023-CR fue presentado este jueves por el legislador. De acuerdo con el documento, actualmente Petroperú enfrenta problemas en su gobernanza corporativa. Entre ellas, la alta rotación de sus directivos, interferencia política y pérdidas acumuladas por casos de corrupción como Lava Jato y el proyecto de modernización de la refinería de Talara.
Ante ello, Cavero sostiene que urge una reestructuración de la petrolera estatal para «inyectarle capital privado» y mejorar su eficiencia. Además, cuestiona la relevancia del rol subsidiario del Estado en el sector hidrocarburos. Según la propuesta, es crucial que la actividad de Petroperú no vulnere el rol subsidiario que indica la Constitución Política y que el Estado solo intervenga en el mercado en casos excepcionales.
La iniciativa propone la creación de una Comisión Técnica Revisora de Petroperú, que realizaría un diagnóstico sobre la situación de la empresa y elaboraría un plan para mejorar su desempeño financiero y atraer inversionistas privados.
Esta comisión estaría conformada por expertos del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el Colegio de Ingenieros del Perú, Proinversión y universidades licenciadas. Tendría un plazo de dos años para presentar su informe luego de aprobada la ley.
Asimismo, el proyecto plantea que si luego del proceso de emisión o venta de acciones, Petroperú pasa a tener una participación mayoritaria de capitales privados, la empresa se regiría exclusivamente por la Ley General de Sociedades, dejando de ser una empresa estatal.
Próximos pasos
La propuesta primero debe ser estudiada y debatida por las comisiones legislativas correspondientes, antes de pasar a discusión y votación en el Pleno del Congreso.
Diversos expertos se han pronunciado anteriormente a favor y en contra de la propuesta de privatizar la empresa estatal. Entre ellos destaca Humberto Campodónico, economista y profesor. Él sostiene que el problema de la empresa no se resolverá con posiciones extremas como su privatización o fortalecimiento total, sino con un consenso sobre su rol que satisfaga a las partes.
La presentación de este proyecto de ley coloca en incertidumbre el futuro de una de las empresas estatales petroleras más importantes del Perú. Mientras el legislador Cavero defiende los beneficios de la privatización, diversas voces se han manifestado en contra o con dudas sobre la propuesta.
Germán Alarco, docente de la Universidad del Pacífico, señaló que la propuesta es inoportuna y podría venderse Petroperú subvaluada, causando gran pérdida al Estado. Alarco también afirmó que el capital privado debería participar de forma minoritaria, como en otras petroleras estatales como Ecopetrol. Además, criticó que una empresa totalmente privada en este sector no sería buena para los consumidores. Finalmente, sugirió esperar a que la refinería de Talara genere utilidades antes de abrir el capital.
En los próximos meses, el futuro de Petroperú se definirá en el Congreso, donde deberá evaluarse integralmente el impacto de la privatización en aspectos financieros, sociales, laborales y ambientales. El debate recién comienza y pueden presentarse propuestas alternativas desde el Ejecutivo.
