La Procuraduría General del Estado pidió que se inicien investigaciones preliminares en contra de Alejandro Soto, presidente del Congreso. Esto se debe a las sospechas de su participación en un posible delito contra la administración pública, específicamente en la modalidad de concusión.
Este comunicado se produce horas después de que el Poder Judicial ordenó la realización de un juicio oral contra Soto. En este juicio se debatirá el asunto del pago de reparación civil que Waynapicchu S. A., una compañía turística, exige. Esto se da en el contexto de un proceso en el que Soto enfrentó acusaciones de estafa. A pesar de que según la resolución judicial el caso habría prescrito, se considera necesario determinar la cantidad que la empresa debe recibir como reparación económica debido a las actividades fraudulentas de Alejandro Soto.
Después de que un tribunal declarara que la acción penal había prescrito, Waynapicchu S.A. presentó esta petición. La Fiscalía buscaba dicha acción con el objetivo de obtener una sentencia de ocho años y ocho meses de prisión para el presidente del Congreso. Esta decisión del tribunal se basó en la nueva ley de prescripción aprobada en el Parlamento en mayo. Alejandro Soto respaldó esta ley con su voto a favor.
La ley aprobada en el Congreso altera el código procesal penal respecto a los plazos de suspensión de la prescripción de delitos. Así, se establece un periodo especifico de caducidad. Esto permite que los investigados queden libres de las acusaciones en su contra. Además, la ley limita el período de aplazamiento de la expiración de plazos, estableciendo un tope de un año, independientemente de la naturaleza del delito en cuestión.
Más denuncias contra Alejandro Soto
Como se recuerda, trabajadores de Alejandro Soto pagaron publicidad con sus sueldos para defenderlo ante las críticas en redes sociales y en programas del Cusco. Esto se realizó mediante el uso de cuentas falsas en Facebook para limpiar la imagen del presidente del Congreso. Así lo evidenció un reportaje del programa dominical Cuarto Poder el domingo pasado.
En el programa, se mostraron conversaciones en las que cada mes los empleados de Alejandro Soto acordaban contribuir un monto como parte de una cuota «voluntaria». Con la cantidad recaudada se pagaba el costo de la publicidad en Facebook. De esa forma, las noticias que eran más favorables para Soto obtenían más alcance y eran vistas por más personas.
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También, en el informe mostraron conversaciones registradas en WhatsApp. Allí, se reveló que Edgar Gamarra Masco, quien trabaja en el despacho de Soto, propuso a todo el equipo del legislador utilizar perfiles ficticios ya existentes para contrarrestar críticas. En un grupo de WhatsApp al que Cuarto Poder tuvo acceso, Gamarra escribió en octubre de 2022: «Sugiero que utilicen sus cuentas falsas para evitar que nos respondan diciendo que trabajamos con el Dr.»
