Acusan al ex ministro Alfonso Adrianzén de pagos indebidos a la empresa AIONIA, alegando que podría ser el autor del posible delito contra la administración pública.
La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra el exministro de Trabajo, Luis Alfonso Adrianzén, por su presunta implicación en pagos indebido a la empresa AIONIA, debido a la compra de pruebas rápidas para detectar la covid-19.
En este hecho, también está involucrado el expresidente de EsSalud, Aurelio Orellana, y a la empresaria Grika Asayag, quien tiene una amistad con la presidenta Dina Boluarte. Además, la denuncia se hace en base a hechos que datan desde julio del año 2020.
Asimismo, la investigación empezó en marzo del 2023 y el caso corresponde a un pago indebido de una cantidad de 41 millones de soles por parte de EsSalud a la empresa AIONIA Technology Corporation S.A.C. Esta organización sigue lucrando con las pruebas rápidas de Covid-19.
¿Por qué está involucrado Alfonso Adrianzén?
En la denuncia, se acusa a Luis Alfonso Adrianzén de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en virtud al artículo 399 del código penal. También, estaría implicado el titular de la Presidencia del Consejo de ministros, Alberto Otárola.
“Al respecto, se tiene que el investigado Adrianzén Ojeda se habría interesado, indebidamente y de manera directa, en que se acelere el pago de los S/ 41′000,520.00 que debía efectuar EsSalud a favor de la empresa AIONA TECHNOLOGY CORPORATION”, indica el documento.
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Acusación constitucional de la Fiscalía
Por otro lado, la acusación constitucional destacó que la adjudicación de AIONIA para la venta de pruebas rápidas de covid-19 a EsSalud en agosto de 2020, señalando que este proceso estaría orientado en favorecer a la empresa.
Cabe resaltar que posteriormente habrían realizado varios requerimientos de pago a EsSalud, pero como no recibieron la cancelación, presentaron una demanda el 7 de diciembre del 2022 ante el Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Lima, recibiendo los 41 millones de soles.
La Contraloría General de la República había encontrado que la compañía entregó los test fuera del plazo establecido. Por este hecho, el pago se detuvo. Además, EsSalud remitió a AIONIA la carta N° 54-CEABE-ESSALUD-2020 donde determinaron que las pruebas rápidas entregadas “no eran aptas para el diagnóstico de la covid-19”.
