Después de un largo proceso, la noche del jueves 15 de junio, el Congreso rechazó oficialmente la llamada «ley mordaza». Esta propuesta tenía como objetivo aumentar las sanciones por difamación. Por tanto, fue vista como una potencial restricción a la libertad de prensa y de expresión.
En la segunda votación, la propuesta presentada por Perú Libre obtuvo 46 votos a favor, 56 en contra y 5 abstenciones. Más tarde, el pleno del Congreso también rechazó una solicitud de reconsideración de esa votación. Como resultado, la iniciativa fue archivada de forma definitiva.
La propuesta de la «ley mordaza» había sido aprobada por el Congreso en su primera votación el 4 de mayo, con el respaldo de 69 votos. Sin embargo, en las últimas semanas, perdió apoyo debido a las críticas de varias organizaciones especializadas y la Defensoría del Pueblo. Estas señalaron que dicha iniciativa buscaba intimidar a los medios de comunicación y afectar las libertades de expresión e información.
El proyecto pretendía que se modifique el artículo 132 del Código Penal. Así, se iba a elevar hasta cuatro años la pena privativa de libertad para quienes cometan el delito de difamación agravada por medio del libro, la prensa u «otro medio de comunicación social». Además, en cuanto al delito de calumnia, estipulado en el artículo 131 del Código Penal, el proyecto pretendía que se imponga una reparación civil en favor del querellante.
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Fin de la propuesta
Antes de la segunda votación, la propuesta pasó a un receso temporal conocido como «tercer cuarto intermedio». Durante este receso, se realizaron modificaciones al dictamen. También, se buscó recuperar el respaldo que se había perdido desde el pasado mes de mayo. El congresista Américo Gonza, presidente de la Comisión de Justicia e integrante de Perú Libre, se encargó de sustentar la propuesta ante el Pleno.
La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, afirmó que se logró detener un ataque contra la libertad de prensa. «Este tema contravenía todos los estándares internacionales sobre protección al honor. Sin embargo, más que un ánimo de victoria, nosotros nos seguimos manteniendo vigilantes. Ha sido una votación apretada y hemos escuchado argumentos de revanchismo con la prensa que nos tienen que mantener alertas», señaló.
Además, se informó que de los 69 congresistas que respaldaron la aprobación en la primera votación, 25 están siendo investigados por el Ministerio Público. La mayoría de estas investigaciones se iniciaron a raíz de denuncias presentadas por los medios de comunicación.
