El pasado viernes 2 de junio, Laura Sarabia y Armando Benedetti, dos funcionarios de confianza del presidente colombiano, abandonaron el Gobierno luego de que los medios difundieran que estaban presuntamente implicados en un caso de abuso de autoridad y escuchas telefónicas.
Tras sus renuncias, el caso escaló por la filtración de la conversación entre ambos funcionarios. Esto implicó la apertura de investigaciones en varios frentes y la paralización del Congreso, además de una importante crisis para la gestión de Gustavo Petro.
El jefe de Estado del primer gobierno de izquierda de la historia de Colombia enfrenta una delicada situación por el escándalo desatado que involucra a su mano derecha y, hasta el viernes, jefa de Gabinete, Laura Sarabia, al igual que al exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien colaboró con la victoria electoral de Petro en 2022 en la costa colombiana. Los resultados en dicho distrito electoral fueron clave en la segunda vuelta electoral entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, puesto que, quien hoy es presidente, logró en la costa 750.000 votos más de los que había sacado en primera vuelta, y menos de 700.000 votos terminaron separando a ambos candidatos.
La gestión del colombiano ha lidiado con distintas polémicas desde que accedió al gobierno. Entre ellas, caben mencionar los diferentes cambios en su gabinete, la ruptura de coaliciones, las reformas sin aprobar, los enfrentamientos entre funcionarios y hasta la suspensión del cese al fuego de dos de los cinco grupos insurgentes con los cuales había logrado acuerdos.
No obstante, un nuevo terremoto político se agudizó el lunes luego de que la revista Semana filtrara varios mensajes de voz que el exembajador ante Venezuela mandó a Sarabia. En los audios publicados, Benedetti reparte insultos al oficialismo y amenaza con revelar detalles de la campaña presidencial de 2022. En los audios, “Jura por la vida de sus hijos” que pueden “hundir” a todos: «¡Nos acabamos todos! ¡Nos vamos presos!”.
La furia del autor de los mensajes se debe a que, luego de las reformas de gabinete realizadas en abril, no le dieron el puesto de ministro del Interior o la Cancillería. Por ello, Benedetti cree que no le han dado el “espacio político” que le corresponde por haber ayudado a Petro a ganar en los comicios presidenciales del año pasado.
El armador político defiende que recaudó “15 mil millones de pesos”, equivalentes a 3,5 millones de dólares, de donantes para la campaña. Además, agregó que si no fuese por él, Petro no ganaba. En los mismos mensajes, Benedetti también insinúa que parte del dinero provino de grupos del narcotráfico.
Estas grabaciones constituyen el último episodio de un escándalo de corrupción desencadenado en mayo, luego de que se conociera el “escándalo de la niñera”. En dicha oportunidad, la revista Semana dio a conocer que Sarabia acusó a la niñera de su hijo, Marelbys Meza, de robarle un maletín de 7.000 dólares. La mujer negó los hechos y fue trasladada, por órdenes de la entonces jefa de Gabinete, a un sótano frente al palacio presidencial para ser sometida al detector de mentiras.
Más adelante, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, dio a conocer que quienes detuvieron a Marelbys habían efectuado escuchas ilegales del móvil de la misma, presumiblemente por órdenes de Sarabia. La Fiscalía explicó que, para poder pinchar estos teléfonos, se hizo pasar a la exniñera como si fuera miembro del Clan del Golfo. A la par, la revista Cambio reveló que la señora fue trasladada a Caracas en un avión privado para cuidar a los hijos de Benedetti, quien la habría recontratado luego de ser echada por la entonces jefa de Gabinete.
Marelbys Meza, que previamente había trabajado también en la casa de Benedetti, denunció que en ambos hogares era común ver maletines llenos de dinero. Lo que había comenzado como un delito doméstico, para el viernes ya era un escándalo nacional.
Frente al escándalo con la niñera y a las afirmaciones hechas por el exembajador en sus audios, quién salió a dar aclaraciones fue el mismo presidente Petro. En sus redes sociales, el mandatario dijo que “nadie del gabinete del gobierno, ni directores, ni comandantes de la fuerza pública, ni directores apartados de la inteligencia han ordenado ni interceptaciones telefónicas, ni allanamientos ilegales, ni se han aceptado chantajes sobre cargos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad”.
“Mientras se investiga, (ambos) se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación”, agregó el jefe de Estado. Por todos estos hechos, el Congreso, la Justicia y el Consejo Electoral abrieron investigaciones, entre otras cosas, para determinar el origen de los 15.000 millones de pesos a los que se aludió en los audios.
A la crisis en el Ejecutivo se suma la paralización del Congreso, donde deben debatirse las reformas laborales, en materia de salud y de pensiones que persigue Petro como lema de gobierno. La suspensión de los debates se produce cuando restan menos de dos semanas para que el órgano legislativo finalice el semestre legislativo.
Las audiencias que debían ser llevadas a cabo sobre estas tres reformas fueron suspendidas por el presidente del Congreso, quien alegó que no quiere que factores externos afecten las votaciones sobre estos temas. El presidente del órgano es miembro del Pacto Histórico, una coalición que debió formar el oficialismo con los partidos tradicionales por el hecho de no contar con mayoría legislativa. Esta coalición, como se mencionó anteriormente, comenzó a quebrantarse en abril.
Por ello, con la intención de cambiar el foco de atención, el mandatario ordenó reactivar la agenda política del gobierno y acelerar el ritmo del Congreso. Además, aprovechó para denunciar que la oposición y parte de la institucionalidad han emprendido una campaña de persecución política y jurídica en contra de la coalición de gobierno, a lo que llamó un “golpe blando”.
A todos estos conflictos se suma el hecho de que la popularidad del jefe de Estado está en caída. A pesar de que el miércoles se presenciaron marchas a su favor en distintos puntos del país, Petro ha perdido apoyo. La encuestadora Invamer Colombia Opina publicó que la desaprobación de la gestión presidencial se encuentra en torno al 60 %, y la aceptación en un 33 %.
