En el marco del proceso contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, investigada por los presuntos delitos de colusión, cohecho pasivo propio y lavado de activos, la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) allanaron las oficinas de las empresas Lima Express S.A.C, Vinci Highways Perú S.A.C y el estudio jurídico Echecopar.
«La diligencia se realiza en el marco de la investigación por presuntos actos de concertación entre exfuncionarios y los representantes de las empresas Odebrecht y OAS, entre los años 2010 y 2015», informó el Ministerio Público en sus redes sociales. Al respecto, el Estudio Echecopar esclareció que la institución y sus miembros no forman parte de la investigación, pero que sí colaboraron absolviendo las consultas que les formularon, por lo que esta medida de allanamiento resulta innecesaria.
Operación de la Fiscalía
La Fiscalía pretende incautar toda la documentación relacionada a las operaciones de transferencia de acciones de la empresa Línea Amarilla S.A.C entre los años 2009 y 2016; al mismo tiempo, toda información relacionada con proveedores nacionales y extranjeros que participaron en dicho proceso.
El Equipo Especial Lava Jato, liderado por Rafael Vela, obtuvo la autorización mediante la resolución emitida por el juez Jorge Chávez Tamariz del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Dicha resolución determina el «allanamiento, registro domiciliario con medida de descerraje con fines de búsqueda de pruebas e incautación, autorizando el quebrantamiento de cerraduras, en caso de oposición, así como la ruptura de cerraduras que existen en escritorios, armarios, estantes, casilleros, mesas, cajas fuertes, guardarropas y otros».
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Caso Villarán
Según el Ministerio Público, en mayo del 2011 la administración de Susana Villarán y Lamsac suscribieron un acta para aplicar la adenda N°1 una vez se cumpliese los tres años de plazo que estipulaba el contrato inicial firmado en 2009, permitiendo a OAS transferir sus acciones de Lamsac a Línea Amarilla Brasil Participacoes S.A..
El cambio del contrato modificó el monto de inversión del proyecto, de $480 millones a $561 millones, bajo el pretexto de que se ejecutarían nuevas obras; de igual manera, esto implicado en la modificación del cambio de precio del peaje.