Daniel Soria, procurador general de Estado, pidió al Congreso de la República que no se apruebe en la segunda votación, el proyectos de ley 3651 y 3270, que adjudica al Parlamento, Poder Judicial y a otros componentes institucionales de elegir a sus propios procuradores públicos.
El titular de la Procuraduría General del Estado, advierte que al aceptar este proyecto de ley sería causal de una ruptura del sistema administrativo a la defensa jurídica del Estado.
LEE TAMBIÉN: Fiscalía inició investigación contra Sigrid Bazán por presunto lavado de activos
¿Qué puntos se señalan?
Mediante un oficio al presidente del Congreso, José Williams, el procurador general también manifestó la posibilidad de una colisión grave al acceso meritocrático para recibir el cargo de procurador público. Además, Daniel Soria resalta que estas iniciativas por parte del Legislativo ponen a vulneración la propia autonomía y independencia en la facultad de poder escoger a sus propios procuradores.
“Sin perjuicio del reconocimiento del principio de separación de poderes como pilar fundamental de un Estado constitucional y democrático de derecho, solicitamos respetuosamente al Congreso no aprobar el texto sustitutorio de los proyectos de ley 3651 y 3270”
Asimismo, menciona que estas propuestas legislativas afecta gravemente al principio de igualdad para el derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones igualitarias.
Congreso ya lo había aprobado
El Pleno del Congreso había aprobado en primera instancia, el pasado jueves 27 de abril, el dictamen de estos dos proyectos de ley.
En dicha votación se registró 61 votos a favor, 15 abstenciones y 14 votos en contra, por lo que se dio pase a la segunda votación.
LEE TAMBIÉN: Once puentes para la región Piura
Los proyectos de ley
El proyecto de ley N° 3651 fue presentado por la parlamentaria de Fuerza Popular, Martha Moyano, y el proyecto de ley N° 3270 fue presentado por el congresista Esdras Medina, integrante de la bancada de Somos Perú.
Los proyectos establecen varios cambios al decreto legislativo que reestructuraría el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. Por ello, según el reglamento del Congreso, ambas propuestas pasarán a segunda votación, luego de transcurrir los siete días calendario.