En los últimos cuatro meses, las protestas contra el Gobierno en Perú sumaron alrededor de 66 personas fallecidas y más de mil heridas, según datos de la Defensoría del Pueblo. También, señala que 49 manifestantes murieron durante enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, un policía que perdió la vida tras ser quemado vivo y otras 11 personas debido a los bloqueos de carreteras por manifestantes. Esto sucedió en distintos puntos del sur de nuestro país como Puno, Ayacucho, Junín, entre otros.
Además, el pasado 6 de marzo se reportó la muerte de 6 militares que se ahogaron al intentar cruzar un río. La hipótesis supone que ellos arriesgaron sus vidas para intentar evitar un enfrentamiento con manifestantes de la región sureña de Puno. Por estos casos, la presidenta Dina Boluarte y varios de sus ministros y exministros están siendo investigados de forma preliminar por el Ministerio Público.
Cabe mencionar que la presidenta Dina Boluarte anunció, este miércoles 12, la entrega de ayuda económica a las personas afectadas durante las protestas sociales en Puno. Este tipo de subvención se dará en beneficio de las familias de los fallecidos y personas que resultaron gravemente heridas.
También, Boluarte especificó que esta ayuda económica no tiene un «carácter indemnizatorio o resarcitorio». Además, ella manifestó que estará dispuesta a colaborar con las investigaciones sobre la muerte de civiles en Puno. «Reitero mi compromiso de colaborar en las investigaciones y sanciones que determine la justicia peruana», mencionó.
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Reclamos en Puno
En Puno, los familiares de las personas asesinadas durante las protestas contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte alzaron su voz en señal de protesta. Ellos exigen a la Fiscalía que se agilicen las investigaciones para que se determinen a los responsables de los crímenes. El pasado 5 de abril, las familias de las víctimas realizaron un plantón en el frontis de la sede del Ministerio Público, en la ciudad de Juliaca.
Con el fin de exigir justicia de manera colectiva, los ciudadanos conformaron la Asociación de Víctimas del 9 de enero. Los integrantes de dicha asociación perdieron a miembros de su familia debido a la represión policial en los exteriores del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca.
«Son casi 90 días. Hasta el momento, no vemos a los policías, al menos en una prisión preventiva. Sin embargo, para un simple ciudadano, la respuesta es inmediata del Estado. Pero para la Policía, que ha asesinado el 9 de enero no hay justicia. Para nosotros no hay», lamentó uno de los familiares de los fallecidos.
