El programa Punto Final puso al descubierto la trama que la congresista Rosío Torres Salinas realizaba para cobrar una parte del sueldo de sus colaboradores. La parlamentaria, de Alianza para el Progreso, ya contaba con antecedentes judiciales, al igual que algunos miembros de su familia.
Los hombres de su vida
Su padre, Cirilo Torres Pinchi, se encuentra prófugo de la justicia. Se le denuncia por el delito de peculado. En 1999, se apropió ilegalmente de 15 millones de soles del estado cuando presidía la Dirección Regional de Educación de Loreto. A través del cobro de 16 cheques <fantasmas>, buscaba financiar la campaña política de su esposa Neri Salinas de Torres, que fue absuelta en el 2005.
El padre de la congresista por Loreto aparece en la página web de recompensas de la Policía Nacional del Perú. Se ofrece 20 000 soles por información sobre su paradero. En el año 2019 intentó presentar un habeas corpus en donde solicitó la prescripción del delito, aunque este no se admitió. La parlamentaria dice desconocer los haberes de su progenitor.
Su esposo, Fernando Meléndez Celis, fue congresista y gobernador regional de Loreto. Según el portal Ojo Público, Meléndez Celis tiene 156 investigaciones por distintos delitos. Solo 54 de esas acusaciones continúan en trámite para el año 2022. El más grave que se le imputa es el de lavado de activos derivado del tráfico ilícito de drogas. La actual parlamentaria Rosío Torres también está involucrada.
Según la denuncia, el ex gobernador regional de Loreto recaudó aportes de campaña de supuestos <empresarios cocaleros>.
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La familia se agranda
Su cuñado, Jorge Enrique Meléndez Celis, también excongresista de la República, es más recordado por su paso en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Duró 24 días como ministro en los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Renunció al cargo después que se publicaran unos audios en donde una organización criminal dedicada al tráfico de madera lo mencionara. Supuestamente, había ayudado a dilatar la fiscalización correspondiente.
Su madre, que también fue excongresista en el período 2000-2001, sufrió un secuestro el año pasado. Algunos parlamentarios, acusaron al Ejecutivo del crimen. Señalaban que era una forma de intimidar a la actual legisladora. Ella había presentado una denuncia ante el expresidente Pedro Castillo en la subcomisión que presidía. La abducción fue breve aunque Salinas de Torres sufrió golpes y terminó en el hospital por precaución. No hay registro de sus captores ni de sus motivos.
Finalmente, su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra, sería el beneficiario de la trama por la cual se le acusa a Rosío Torres. Él era el encargado de cobrar hasta un tercio del salario de los trabajadores del despacho de la congresista. Diversas sumas de dinero se transfirieron a su cuenta. El programa Punto Final pudo grabar el momento en donde la parlamentaria por Alianza para el Progreso borraba el chat que mantenía con Pérez Guerra. Es verdad lo que dicen: todo queda en familia.
