Nueva pesquisa. La Fiscalía investigará al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por presuntas adjudicaciones irregulares en el poblado de Anguía (Chota, Cajamarca). Según el Ministerio Público, las entregas de la buena pro se daban a empresas fantasmas o de manera fraudulenta. En este acto ilícito, estarían involucrados el ministro Alvarado, el presidente Castillo y su familia. Además, el Ministerio formaría parte de la organización criminal liderada por el jefe de Estado.
Pero Samuel Rojas, entonces fiscal supremo, se adelantó a los hechos. En la audiencia efectuada el último 15 de junio, advirtió que las acciones inconstitucionales del Gobierno de turno no eran ajenas a los demás Ministerios. «Existen atisbos que nos indican que también deberíamos poner nuestra atención en hechos relacionados al Ministerio de Vivienda», señaló. Incluso precisó que dichas actividades ilegales habrían llegado al Ministerio de Energía y Minas.
Ministro de Vivienda rechaza imputación
Sin embargo, Geiner Alvarado López, ministro de Vivienda, rechazó la tesis fiscal. «Remitiremos toda la documentación requerida por el Ministerio Público. Responderé todas las preguntas de la Fiscalía de la Nación de ser necesario», escribió en su cuenta de Twitter.
Agregó que «las políticas públicas y decretos emitidos desde el Ministerio de Vivienda responden exclusivamente a criterios técnicos preestablecidos, que apuntan al cierre de brechas y llevar servicios básicos a familias olvidadas por años».
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Decreto de Urgencia habría sido utilizado para fines presuntamente ilícitos
El 22 de octubre de 2021, se oficializó el Decreto de Urgencia 102-2022 firmado por el presidente Castillo y el ministro Alvarado. Con dicha normativa, los gobiernos locales pueden utilizar el dinero público para efectuar obras en distritos o comunidades necesitadas. Sin embargo, este dispositivo legal benefició a algunos poblados de Cajamarca, entre ellos está Anguía.
Entonces, el equipo especial liderado por la fiscal Marita Barreto Rivera descubrió que ese decreto se empleó para fines presuntamente ilícitos. Por ejemplo, la empresa Destcon Ingenieros y Arquitectos ganó más de 3 millones de soles por un proyecto de agua potable y saneamiento en Cajamarca. Asimismo, el Consorcio MDJH ganó la buena pro del mejoramiento del camino vecinal en esa misma provincia por más de 19 millones de soles.
Cabe mencionar que los hermanos Anggie y Hugo Espino son socios de la empresa Destcon. Este último apareció junto a Yenifer Paredes en el presunto ofrecimiento de una obra de saneamiento en San Miguel, Cajamarca. Precisamente por este caso, Barreto amplió la investigación preliminar seguida contra Yenifer Paredes.
Además, existen otras 28 obras, cuyo monto adjudicado equivale a 115 millones de soles. Por todo ello, el Ministerio Público sospechó que las empresas habrían obtenido la buena pro de manera fraudulenta.
Hallazgos de la Fiscalía involucrarían a la sobrina del presidente de la República
El equipo especial de la fiscal Barreto solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información sobre los movimientos de dinero de toda la familia de Yenifer Paredes Navarro.
Hubo un hallazgo importante, porque se detectó que Walther Paredes Navarro y David Paredes Navarro, hermanos de la primera dama, transfirieron 90 mil soles a los hermanos Anggie y Hugo Espino. Habrían recibido 120 mil soles y 70 mil soles, respectivamente. Según el grupo encabezado por Barreto, el dinero tendría origen ilícito.
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Abogado de Castillo denunciaría a la Fiscalía ante una posible sexta investigación
Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, acusó a la Fiscalía de filtrar información. Para el jurista, se «está actuando de manera ilegal en comparsa política», por lo que se generaría «una narrativa de vacancia o suspensión presidencial».
En caso Patricia Benavides, titular del Ministerio Público, opte por abrir una investigación contra Castillo, sería la sexta investigación fiscal que el jefe de Estado acumula en su contra. Las otras pesquisas son por los casos de Puente Tarata III, los ascensos en las Fuerzas Armadas, la denuncia de Mariano González, y PetroPerú. Asimismo, el presunto plagio de su tesis se ventila en una fiscalía penal de La Libertad, porque fue un hecho cometido antes de asumir su mandato.
