La aplicación de la pena de muerte presenta una tendencia hacia su eliminación en los Estados Unidos, ya que ha demostrado ser costosa, complicada de ejecutar y desigual. Aún con todo ello, el principal punto a tomar en cuenta sería la ejecución de personas inocentes.
Se calcula que 1 de cada 10 personas condenadas a pena de muerte son inocentes. Casos como los de Earl Washington; y actualmente, Melissa Lucio demuestran la falta de certeza con la que se puede condenar a una persona con una pena que es irreversible.
La historia de Melissa Lucio
Melissa Lucio, latina de 53 años, fue condenada a pena de muerte en 2008 en Texas por, presuntamente, haber terminado con la vida de su hija de dos años. La acusada señala que su esposo y ella se encontraban realizando un proceso de mudanza cuando su hija cayó por las escaleras, pero no pensaron que tuviera heridas graves. Sin embargo, después de dos días, la menor falleció tras presentar cansancio extremo y falta de apetito.
«La muerte de Mariah fue una tragedia, no un asesinato. Sería un mensaje absolutamente devastador si esta ejecución siguiera adelante»
Abogados de Melissa lucio
El indicio utilizado para declarar culpable a Melissa Lucio fueron los moretones que la menor tenía en su cuerpo, por lo que fue acusada de abuso físico a menores. En cambio, la defensa alega que la menor padecía una discapacidad que la hacia propensa a tropezar, por lo que ya poseía antecedentes de caídas.
Lucio tiene otros 14 hijos, y tras pasar 14 años en prisión, se ha desatado un movimiento social y legal por parte de su defensa con el objetivo de que la ejecución se suspenda o pueda ser aplazada por 120 días más.
Asimismo, la defensa declara que, tras morir su hija, Lucio fue sometida a un interrogatorio policial de más de cinco horas sin permitirle comer, beber o dormir. Debido a ello, su confesión habría sido resultado de la presión, sin considerar los traumas que padecería por haber sido víctima de abuso infantil y violencia de género.
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La pena de muerte en Estados Unidos
Actualmente, existe una nueva tendencia hacia la abolición de la pena de muerte. Es más, en Virginia, primer estado en donde se aplicó la pena de muerte en Estados Unidos, en 2021, después de 413 años, se convirtió en el 23° estado del país en poner fin a dicha sentencia. Ciertamente, esta decisión es muy importante y tiene la capacidad de influir en otros gobiernos para que sigan el mismo camino.
Ahora bien, existen varios factores que están impulsando esta tendencia hacia la abolición. Primero, se considera que se busca eliminar los elevados costos para mantener a los condenados en el corredor de la muerte debido a procesos judiciales caros y prolongados.
También, existen complicaciones para conseguir las drogas para concretar esta pena, pues las farmacéuticas no quieren verse involucradas. Por ello, en 2019 en la búsqueda de retomar esta práctica, se propuso mantener en secreto la identidad de las farmacéuticas; es más se consideró retomar la silla eléctrica como principal método.
Asimismo, existen evidencias de que la aplicación de la pena de muerte era desigual y bajo un sesgo racial. Según el Centro de Información del Departamento Penal (DPIC, por sus siglas en inglés), desde 1976 fueron ejecutados 296 negros acusados de matar a víctimas blancas. En cambio, en el mismo período, 21 blancos fueron ejecutados por la muerte de víctimas negras. Finalmente, el actual presidente, Joe Biden, desde su campaña destacó su postura a favor de la abolición de la pena de muerte.
«Es muy significativo que el estado más prolífico en ejecuciones haya decidido que la pena de muerte es innecesaria y que castigos alternativos son preferibles»
Ngozi Ndulue, directora en jefe de investigaciones y proyectos especiales del DPIC (Centro de Información sobre la Pena de Muerte)
¿Existe la pena de muerte en el Perú?
El Perú se encuentra adherido al Pacto de San José desde 1978, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto implica la protección de la vida y con ello la pena de muerte debería estar prohibida en el país. Antes de adherirse a este pacto, el Perú estipulaba, en su Constitución, la aplicación de la pena de muerte por traición a la patria.
Sin embargo, desde 1993, la constitución, en su artículo n°140, estipula que la pena de muerte también es aplicable a delitos como el terrorismo. Sin embargo, el Pacto establece que la pena de muerte puede ser aplicada para delitos graves, y no se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
Por ello, los delitos agregados en 1993 contravienen este tratado. Por ende, si bien existe en nuestro sistema legal, su aplicación sería complicada. Ciertamente, la constitución establece que la aplicación de la pena de muerte se dará conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte. Así, deja un panorama incierto sobre su aplicación.
Durante la campaña presidencial del 2021, el ahora presidente Pedro Castillo propuso la aplicación de la pena de muerte por delitos de corrupción. Claro está, que esta promesa es imposible de cumplir mientras el Perú cumpla con sus obligaciones internacionales, pues no se pueden agregar nuevos delitos bajo esta pena y hacerlo no conlleva, necesariamente, a su aplicación.
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La moralidad de la pena de muerte
La principal preocupación frente a la pena de muerte es la posibilidad de que la persona condenada sea inocente. Desde 1973, más de 170 condenados a muerte acabaron siendo declarados inocentes antes de que se aplicara la sentencia.
Es más, se sospecha que muchos otros pudieron ser ejecutados siendo inocentes. Así, se estima que 1 de cada 10 personas sentenciadas a muerte en el país fue condenada injustamente. De hecho, un caso controversial fue el de Earl Washington, hombre afroestadounidense con discapacidad intelectual grave. Fue condenado a muerte por ser acusado de violar y matar a una mujer en 1982.
Sin embargo, días antes de la fecha de ejecución, sus abogados lograron suspender la pena. Ellos revelaron la discapacidad de Washington, por lo que, al verse sometido a la presión de la policía, confesó por un crimen del cual era inocente.
Con todo esto, a la fecha, el 54% de los estadounidenses consideran que este castigo es moralmente aceptable, lo que representa una notable caída si se compara con 71% de los consultados que decían lo mismo en el año 2006.
Las penas son impuestas para impartir justicia y, también, buscan separar a la persona que representa un peligro para la sociedad y reintegrarla posteriormente. Por consiguiente, la pena de muerte no cumple con estos propósitos.
Es más, aún cuando una persona haya cometido un crimen que conlleve a una pena de cadena perpetua, toca preguntarse; ¿es moral decidir sobre la vida de otra persona?, ¿de qué manera esto repara el daño causado en la sociedad? y ¿podemos hallar la manera de evitar la muerte de una persona inocente?
