El costo económico de la corrupción no se reduce al dinero que desaparece de las arcas públicas, sino las implicancias mas allá de lo evidente. La corrupción sigue siendo un problema fundamental en el Perú y es uno de los temas centrales que ocupa toda discusión sobre política pública y oportunidades de desarrollo de cara a la celebración de sus dos siglos de independencia.
¿Qué es la corrupción?
Es cuando una persona, grupo o sector se beneficia directa o indirectamente, de manera ilícita, poniendo sus intereses personales, grupales o sectoriales por encima de los demás. Carentes de cualquier tipo de ética y profesionalismo al ejercer cargos públicos.
Es importante resaltar que la percepción de desconfianza de la población en las instituciones desfavorece los incentivos para invertir o hacer negocios, también la corrupción trae consigo serios problemas económicos. Por ejemplo, este tipo de corrupción incrementa el atraso de obras públicas, a través de su incidencia en las contrataciones del Estado.
Impacto económico
Los impactos económicos de la corrupción se ramifican en muchas áreas del sistema económico. La primera área que se ve afectada son las decisiones de los productores respecto al esfuerzo productivo y el tipo de objetivos de producción que se persiguen.
Adicionalmente, se distorsionan las decisiones de inversión y la producción de largo plazo. Una segunda área afectada es el funcionamiento administrativo del Estado, pues los funcionarios corruptos desarrollan mecanismos de preservación que erosionan la capacidad de gestión pública. Más aún, la corrupción incide en los procesos de toma de decisiones del Estado distorsionando la asignación de recursos.
La corrupción distorsiona los incentivos con los cuales opera la empresa privada reduciendo la eficiencia económica. Cuando se percibe la posibilidad de corromper a un funcionario público, hay un desvío de recursos desde actividades netamente productivas hacia aquellas denominadas de búsqueda de renta (´rent seeking’), las que no aumentan el bienestar de la
sociedad.
Así, los negocios más productivos no dependen de la competitividad de las empresas sino de su capacidad de influir en los responsables de tomar las decisiones respecto a la regulación o el destino de los fondos públicos.
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¿Cómo nos fue con la llegada del Covid-19?
Muchos países en todo el mundo adoptaron una serie de restricciones para introducir estrictas medidas sanitarias y restringir la movilización social a fin de evitar los contagios. En el Perú hicimos lo mismo. Sin embargo, las debilidades institucionales y casos de corrupción estructural que aún permanecen en diversas áreas del Estado, plantearon un reto al desempeño del gobierno para hacer frente a la pandemia, y claramente esto se vio reflejado en los pésimos resultados obtenidos en algunos aspectos claves en materia de salud y la propia reactivación económica.
El deficiente desempeño demostrado no podría ser atribuido a la falta de asignación presupuestal. Durante el primer año de la pandemia, el gobierno destinó casi 125 mil millones de soles a la atención de la pandemia. Son las fallas en la administración pública y la gestión de los recursos —entre ellas la corrupción e inconducta funcional— las que explican mejor este nivel de performance.
¿Cuál es la estrategia para este 2022?
El Gobierno presentó a finales del 2021, la Estrategia de Integridad 2022 para prevenir actos de corrupción en el Poder Ejecutivo, cuya aprobación fue plasmada mediante un decreto supremo firmado por el presidente Pedro Castillo.
Estas son las medidas que contiene la estrategia:
Asegurar mejoras en la designación y contratación de servidores y funcionaros públicos, con mecanismos para verificar, de manera previa, su capacidad profesional y moral. |
Capacitación permanente de servidores para la toma de decisiones en función a las normas y principios del servicio al ciudadano por encima de los intereses particulares. |
Implementar un registro estándar de visitas en línea, donde se den cuenta de las reuniones y actividades. |
Implementar un registro de solicitudes de audiencia de gestión de intereses, a fin de elevar los estándares de transparencia. |
Asegurar el cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas de intereses e implementar con la Secretaría de Integridad Pública acciones de prevención y gestión oportuna de posibles conflictos de intereses. |
Fortalecer la función de integridad en todas las entidades del Poder Ejecutivo. Junto con la reactivación de la Oficina de Integridad del despacho presidencial, continuar con la implementación de esta función en todos los sectores del Poder Ejecutivo, dotándolo de la capacidad operativo necesaria. |
Finalmente, continúa siendo necesario reflexionar sobre los efectos de la corrupción. Existen importantes avances en la generación de evidencia sobre los efectos de la corrupción en la productividad empresarial, la corrección de externalidades y la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos. Sin embargo, el impacto que produce este fenómeno en la gobernabilidad ha sido menos explorado. Es necesario que se ejecuten mayores medidas para que la corrupción no nos perjudique política y económicamente.