La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) señala que el escenario del año pasado vuelve ocurrir. Los productos y servicios vinculados al tratamiento del COVID-19 por parte de las empresas privadas, nuevamente se han visto incrementados en los precios dejando sin posibilidades de compra a la población con bajos ingresos económicos.
Países Europeos con alto nivel de institucionalidad
En el caso del continente europeo, especialmente en España, la Comisión Interministerial de Precios de los medicamentos (CIPM) ha fijado como precio tope a las pruebas en los siguientes países.
| PAÍS | EUROS | SOLES |
| ESPAÑA | 2.94 | 13.10 |
| ALEMANIA | 2.9 | 12.80 |
| PORTUGAL | 2.1 | 9.27 |
| FRANCIA | 1.95 | 8.61 |
Según ASPEC afirma que se trata de países que tiene sólidas instituciones que se preocupan por la salud de sus ciudadanos a través de las medidas que adopta el Gobierno. En ese sentido, es necesario precisar que el «costo de vida» en aquellos países en muy alto a comparación de nuestro país e incluso de la región.
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Por ello, resulta extraño e inadecuado que los precios de las pruebas antígenos se eleven de manera exagerada teniendo el costo de vida muy por debajo de los países europeos, ya que estos mismos fijaron sus precios siendo inferiores al contexto peruano. Si verificamos en dos laboratorios de análisis clínicos que operan en Lima, referencia al costo de una prueba antígeno, nos damos con la sorpresa de que el precio supera los 100 soles.
Tercera Ola y empresa privada atenta
No es novedad que la llegada de la tercera Ola del COVID-19 ha producido una gran demanda de pruebas para diagnosticar el contagio. El sector privado nuevamente ha subido el precio de manera deliberada aprovechando la gran demanda de los producto y servicios vinculado al tratamiento y diagnóstico del COVID-19. En 2020, hubo casos donde el ciudadano común denunciaba abusos en los precios de los medicamentos para tratar el virus.
- Caso Clínica San Pablo
El pasado 20 junio de 2020 la familia de José Alfredo Gaitán Sánchez mostró al detalle sobre los costos que le hicieron en la Clínica San Pablo por los 20 días que él permaneció internado en la unidad de cuidados intensivos. Se evidenció que la Clínica San Pablo cobraba montos por encima del mercado sobre medicamentos que se suministran a pacientes COVID-19. El medicamento omeprazol de 40 miligramos en inyectable costaba S/165 en la clínica, a diferencia de los establecimientos del sector público que lo venden a S/1.
Un llamado a Indecopi y al Ministerio Público
Igual como lo hizo el año pasado, ASPEC solicita que Indecopi y el Ministerio Público investiguen estas irregularidades. En el caso de Indecopi, ASPEC pide «que se investigue si existen situaciones de concertación de precios o de abuso de posición de dominio en el mercado en relación a tales productos». Si Indecopi considera que la infracción es muy grave, la multa sería superior a las 1,000 UIT. También hace un llamado al Ministerio Público solicitando «que indague si existen indicios del delito de especulación en agravio de los consumidores cuya pena (…) puede ser de hasta seis años de pena privativa de la libertad».
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El sentir del presidente de ASPEC
Según las palabras de Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, se dice que felizmente no se han privatizado las vacunas, algo que se pedía efusivamente desde el Congreso de la República en el 2021, cuando estas recién eran compradas por el Gobierno de turno presidido por Francisco Sagasti .
«Y pensar que el 2021 había quienes sostenían sin rubor que el proceso de vacunación debía privatizarse, a lo que nos opusimos tenazmente. Si eso hubiera sucedido, hoy estaríamos llorando más muertes de las que ya se produjeron. La empresa privada tiene que entender de una vez que no puede lucrar abusivamente a expensas de la vida de las personas»
Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC
¿Y las pruebas moleculares?
También se corre el mismo destino. Según cifras de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) las pruebas moleculares en casi todos los centros de salud y laboratorios privados de Lima superan los 200 soles. Además, diciembre del 2021 fue el mes en el que más se registró en pruebas procesadas desde que inició la pandemia. Fueron un total de 154.839 muestras. Esto se condiciona con la ley de oferta y demanda en un mercado libre. Si hay demanda, aumenta el precio de un producto o servicio.
Asimismo, el presidente de ASPEC recomienda que el Estado fije los precios de las pruebas de descarte covid, pero primero debe considerarse este producto como un «bien esencial». A partir de ahí, el Estado tiene la facultad legal de fijar el precio, siempre y cuando se la declare de manera legal como un bien esencial. Si eso no ocurre, el Estado debería asumirlo. «Creo que esta es una opción, porque estamos en un libre mercado y van a poder decir que es oferta y demanda, pero, mira las consecuencias que estamos sufriendo, sobre todo en esta tercera ola que está tan fuerte”.
