Este martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la demanda del expresidente paraguayo y actual senador por el Frente Guasú, Fernando Lugo, contra el Estado por el golpe institucional en su contra en 2012. El abogado de Lugo, Emilio Camacho, dio a conocer la admisión de la demanda y explicó sus alcances. Esta se sustenta en la «indefensión» de Lugo durante su juicio político, ocasión en que se produjo la «violación de los derechos fundamentales y del pacto de San José de Costa Rica».
«La CIDH decidió declarar admisible la petición en el caso de Fernando Lugo Méndez contra el Estado paraguayo. Ahora se abre un plazo de seis meses para que las partes arrimen nuevos argumentos».
Emilio Camacho, abogado de Fernando Lugo.
Camacho señaló que el hecho que el CIDH admita la demanda abre un paso para la justicia integral tras el rompimiento de la inconstitucionalidad en 2012. También, detalló que antes de que el caso llegue a la CIDH, tanto Lugo como los representantes del Estado paraguayo pueden llegar a un acuerdo. Si este no se concreta, el caso podría pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Por su parte, el Estado se opone a la admisión de la demanda, alegando que Lugo no cumplió con el requisito de agotamiento de los recursos internos. Además, afirma que los hechos expuestos en la petición no caracterizan violaciones a los derechos humanos.
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Golpe de Estado de 2012
Fernando Lugo, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), asumió la presidencia de Paraguay en agosto del 2008 y culminaría su mandato en 2013. El triunfo del exobispo representaba el fin de décadas de hegemonía del Partido Colorado. Sin embargo, el 15 de junio de 2012, ocurrió la llamada masacre de Curuguaty, en el que fallecieron 6 policías y 11 campesinos durante un operativo de desalojo en Campos Morombí, Curuguaty. Este fue solicitado por el Ministerio del Interior. En consecuencia a las muertes, el Congreso emprendió un proceso político contra Lugo.
Los partidos Partido Colorado y el PLRA se unieron con otras bancadas, a fin de destituir al mandatario. El proceso se desarrolló en 5 días, mientras que el juicio en 48 horas. Con 39 votos a favor, 4 en contra y dos senadores ausentes, el Congreso destituyó a Lugo del cargo. Tras el golpe de Estado, el liberal Federico Franco fue puesto como presidente encargado. El Congreso respaldó su decisión bajo el cumplimiento formal del artículo 225 de la Constitución paraguaya.
Del lado contrario, se denunciaron violaciones al proceso, falta de pruebas reales, presentación de acusaciones falsas y una velocidad inédita para un proceso de estas características. Por ejemplo, la defensa solo tuvo 2 horas para presentar su descargo en el senado. La destitución de Lugo motivó a que Paraguay sea suspendido de Mercosur. Esta suspensión fue aprovechada por los demás países para incluir a Venezuela al bloque como miembro pleno.
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