Esta semana, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) presentó su segunda investigación sobre la fuerza pública en manifestaciones de Colombia. El primer reporte fue referente a las protestas realizadas en septiembre de 2020 en Bogotá. En este se concluyó el asesinato de 11 personas a manos de la policía. En el presente documento, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluiría que en Colombia se habrían cometido violaciones a los derechos humanos. Ellos derivarían del uso de la fuerza, detenciones arbitrarias, violencia sexual y de género, y actos de discriminación y racismo.
Colombia en la mira
Según el informe emitido este miércoles, la ONU identificó severas violaciones a los derechos humanos durante las protestas Según el informe emitido este miércoles, la ONU identificó severas violaciones a los derechos humanos durante las protestas realizadas durante del Paro Nacional de 2021. Se señala que, entre el 28 de abril y 31 de julio, la Oficina de la ONU recibió información sobre 63 muertes durante el Paro Nacional, de las que solo se han verificado 46 muertes, pertenecientes a 44 civiles y 2 policías. Además, al analizar la información recopilada, se identificó que al menos 28 muertes de civiles fueron consecuencia de la fuerza policial.
«En al menos 28 casos los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la Fuerza Pública» y en «10 habrían sido actores no estatales»
Informe sobre Lecciones aprendidas y observaciones del Paro Nacional 2021
Otra de las denuncias más frecuentes durante el paro fueron respecto a violencia sexual. La Oficina recibió 60 denuncias de violencia sexual y de género, de las cuales solo 16 se han verificado. Frente a esto, la ONU resalta la necesidad de que las fuerzas de seguridad respeten los principios de derechos humanos durante este tipo de manifestaciones.
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¿Justicia y seguridad?
La OACDH exhortó la búsqueda de otros métodos para contener las protestas, con el fin de evitar más agresiones y muertes. Asimismo, ante los acontecimientos presentados, la ONU remarca el deber del Estado de asegurar la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos. Y, de la misma manera, proporcionarles su derecho a la protesta pacífica.
“El Estado colombiano no logró mantener un entorno seguro para los manifestantes en numerosas ocasiones”
Informe del Alto Comisionado
De acuerdo con el informe, tanto la Policía como manifestantes utilizó la fuerza bruta innecesariamente para dispersar las De acuerdo al informe, tanto la Policía como los manifestantes utilizaron la fuerza bruta innecesariamente para dispersar las manifestaciones. El informe del Alto Comisionado aclaró que todos los implicados en causar lesiones o muertes deben ser objetos de investigaciones prontas y transparentes. Además, se recalcó el deber del Estado de garantizar una reparación integral a las víctimas y de asegurar que los incidentes no se repitan.
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La oficina recomendó al Gobierno tomar medidas para garantizar que las instituciones encargadas de gestionar protestas recurran a la dispersión de manifestantes velando por los derechos humanos. No obstante, la oficina también aboga por un debate sobre la actual reforma policial para la mejora de su supervisión y rendición de cuentas.
“El objetivo de dichas reformas debería ser garantizar el goce efectivo del derecho de reunión pacífica en Colombia”
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
