El pasado 19 de noviembre se anunció la creación de una comisión ejecutiva para la negociación del retiro y cierre de 4 minas en Ayacucho. Las mineras afectadas serían las de Apumayo, Sami SAC, Inmaculada y Pallancata; estas dos últimas pertenecientes a la Compañía Minera Ares.
Dicha acta ha traído gran revuelo en las empresas mineras, ya que alegan que el accionar de la representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, quien presidió la reunión con las autoridades y dirigentes de Ayacucho, representa una violación al Estado de Derecho y a la propiedad privada.
¿Qué nos dice el acta?
El eje principal de esta polémica carece de uno de los involucrados principales: las empresas. Ninguna empresa firmó el acta para la negociación del cierre de sus propias actividades. Por el contrario, en las firmas figuran funcionarios públicos, presidentes de «frentes de defensa» y representantes de la sociedad civil.
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Sin embargo, en el acta figura que habrán reuniones con las empresas involucradas, las cuales serán anunciadas hacia el final del mes de noviembre por parte del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Adicionalmente, se hace un gran énfasis en la participación ciudadana en el proceso de cierre de las minas, así como la revisión del impacto medio ambiental de esta actividad en las cabeceras de cuenca.
Asimismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se compromete a ponerse en coordinación con los dirigentes sociales involucrados en denuncias en hechos sucedidos en protestas sociales. Cabe resaltar, que la empresa Apumayo sufrió la quema de oficinas administrativas en el mes de octubre, en el marco del paro anti minero.
Apoyo del sector privado frente a las minas
Una de las organizaciones que se han pronunciado en contra ha sido la La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). Dicha institución ha criticada, principalmente, las contradicciones del Ejecutivo y calificaron el accionar de Mirtha Vásquez como «arbitrario e ilegal» en su plataforma web.
«En una misma semana, el presidente, Pedro Castillo, y el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, anuncian ser respetuosos de la propiedad privada e invocan a los inversionistas a apostar por el Perú; y, luego, la primera ministra, Mirtha Vásquez, firma un acuerdo para cerrar 4 empresas mineras en Ayacucho de manera arbitraria e ilegal”
Presidente de la CONFIEP, Oscar Caipo Ricci.
Adicionalmente, la CONFIEP dio a conocer que, de dar cese a las actividades en las empresas mineras involucradas, se perderían el sustento económico de más de 54 mil familias. Asimismo, criticaron el comunicado más reciente de la PCM, el cual cuestionan porque «confunde la opinión pública»
Idas y venidas entre el privado y el Estado
A partir de la firma del acta, tanto el sector privado como público han mantenido posiciones completamente opuestas entre sí, aunque la PCM ha propuesto dialogar con los gremios, a pesar de que el acta que les afecta ya fue firmada.
Por un lado, desde la PCM justifican el acta en que las minas ya tenían programadas sus fechas de cierre. Por otro lado, el sector privado se antepone a ello, mencionando que estas fechas pueden ser variables en función de la explotación minera, tal como señala la CONFIEP.
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Adicionalmente, por ambos lados se acusan de contribuir con la inestabilidad política, la cual desemboca en inestabilidad económica. Sin embargo, estos dos aspectos no son los únicos en conflicto. Por su parte, la representante del PCM, mencionó mediante su cuenta de Twitter, que «La recuperación de la cuenca es nuestro compromiso firmado con el sur de Ayacucho». A pesar de ello, Ignacio Bustamante, representante de Compañía Ares en entrevista con el Diario Gestión, mencionó:
«Operamos bajo los estándares ambientales más altos, tanto nacionales como internacionales, aplicando las mejores prácticas de la industria minera»
Ignacio Bustamante, representante de Compañía Ares
Lo último que se sabe acerca del tema es un comunicado del MINEM, en el cual se resalta la importancia de la minería en la economía nacional y sostienen que el Perú es un país seguro para los inversionistas.
