Miles de personas han salido esta semana para manifestarse en contra del Gobierno boliviano y una ley controversial. La crisis política ha generado enfrentamientos entre manifestantes, policías y grupos a favor del partido oficialista, Movimiento al Socialismo (MAS). Los manifestantes buscan que se derogue la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.
Las protestas se han realizado en ciudades alrededor de todo el país, concentrándose más en Santa Cruz y Cochabamba. Durante todo el paro nacional se ha reportado actos de violencia entre policías y manifestantes o entre grupos de oposición y grupos oficialistas. Uno de estos altercados en Potosí dejó un muerto de 22 años y varios heridos. Más de 15 personas han sido detenidas y decenas se encuentran heridas, según reportes.
Las protestas y el paro nacional han sido convocados por el Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade) y comités cívicos en varias ciudades bolivianas. Estos grupos civiles se encuentran entre los más grandes opositores de derecha del Gobierno del MAS. Uniones de transportistas y de pequeños comerciantes se han unido a las movilizaciones. Los grupos sindicales y gremiales de estos han impulsado grandemente las movilizaciones actuales. Sin embargo, la poderosa Unión Central Obrera Boliviana no ha participado debido a lazos con el Gobierno.
En ciudades como Santa Cruz, manifestantes han creado bloqueos alrededor de las principales rutas a la ciudad, paralizando gran parte de las actividades. También se ha registrado actos de vandalismo durante las demostraciones con carros siendo quemados. El uso de fuerza excesiva, armas químicas y de agua por parte de la policía, han sido criticados por algunos observadores.
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Causas de las protestas
La mayor causa directa de las manifestaciones actuales es la dicha Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Esta ley dirigida a combatir el lavado de activos ilícitos y otras actividades ilícitas financieras le da al Estado ciertos poderes. Permite a un investigador de poder revisar cuentas financieras de personas sin la necesidad de pedir una orden judicial si hay alguna sospecha. Además, contiene una cláusula que permitiría al Ejecutivo alterar la estrategia por un simple decreto sin voto.
Ya en octubre la oposición boliviana estaba convocando protestas en contra de este proyecto de ley. La oposición y críticos tildan al acta legislativa de pertenecer a un «Estado policial» o que busca imponer un «totalitarismo económico». Existe un miedo en la población de que la norma pueda llegar a permitir al Estado apoderarse del dinero en las cuentas. Otros apuntan que se podría usar para perseguir a oponentes políticos del Gobierno.
Los pequeños comerciantes e informales son los más afectados por la ley según Roberto Laserna, investigador del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Debido a que ahora un fiscal podría más fácilmente investigar y congelar cuentas, gente con ingresos informales son más temerarias a la legislación. Considerando que Bolivia es un país con un gran sector informal, a estos se les hace difícil explicar de donde salió el dinero, dice Laserna.
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Reacción del Gobierno
El presidente Luis Arce ha defendido el estatuto y ha acusado a la derecha de manipular a la población para generar inestabilidad. Este dijo que no «permitiría que hagan lo que hicieron en 2019», haciendo referencia al supuesto golpe de Estado que ocurrió ese año. Este además acusó a la oposición de pagar a personas para que vayan a las marchas y de usar a estas para atrasar la investigación sobre los eventos de 2019.
Otros portavoces del Gobierno como la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, dijo que la ley no afecta a trabajadores gremiales o informales. Ella también comentó que ciertos grupos han decidido malinterpretar la norma para generar inestabilidad. Sin embargo, críticos apuntan a que la estrategia aprobada junto a ley, mencionan a la informalidad como un problema.