La solicitud de la fiscalía fue rechazada por la jueza July Baldeón.
Baldeón, miembro del 5.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo, determinó improcedente el pedido de prisión preventiva por 36 meses, para los involucrados en el caso de la presunta organización criminal Dinámicos del Centro. Los delitos por los que se investiga a los funcionarios del Gobierno regional de Junín y miembros de Perú Libre incluyen cohecho, malversación de recursos del Estado y negociación incompatible.
La audiencia virtual se dio este 14 de julio. Recordemos que el 1 de junio Baldeón autorizó la detención de la presunta banda delictiva. Sin embargo, el operativo fue reprogramado para después de la segunda vuelta electoral. La decisión de la magistrada levantó sospechas respecto a un supuesto cálculo político subyacente. (Véase: Se frustra detención de 37 hombres de confianza de Cerrón dentro de la región de Junín)
El Poder Judicial impuso ciertas determinaciones con respecto a la conducta de los investigados: no podrán variar su dirección de domicilio sin previa consulta judicial; deberán asistir al juzgado siempre que sea requerido; deberán dar cuenta mensual de sus actividades a la Fiscalía; y quedó prohibida toda comunicación entre los implicados.
Participación del Ministerio Público
La fiscal Vivian Valverde presentó capturas del WhatsApp de Alejandro Rojas Benites, militante de Perú Libre, como un sustento del pedido establecido. En ellas era evidente la coordinación con trabajadores públicos del Gobierno juninense, para favorecer iniciativas partidarias. Rojas Benites pedía colaboración para pagar la reparación civil del líder de Perú Libre y condenado por corrupción, Vladimir Cerrón. Asimismo, manejaba información respecto a las mesas de votación de Huancayo y otras regiones. «Eliminen todos los mensajes que contengan material electoral», se lee en uno de sus mensajes.
El Ministerio Público señaló que la organización criminal se encuentra en actividad desde el 2012. Operaban en la Dirección de Transportes y Comunicaciones otorgando licencias de conducir a cambio de sobornos en favor de campañas políticas. La presunta vinculación de los investigados con Pedro Castillo y el partido del «lápiz» resulta cada vez más evidente.
