Como es de conocimiento público, la jueza Amparo Blácido Baez ordenó que la elección de los futuros magistrados fuera suspendida. El Congreso en respuesta realizó una votación, el 7 de julio, para decidir si acatar o no dicho mandato. El resultado fue 87 votos a favor de seguir adelante con la elección. Se ratificó así la decisión previa de la Junta de Portavoces de no dar cumplimiento al fallo. Es por ello, que la Fiscalía de la Nación decidió llevar acabo una investigación preliminar, por 120 días, contra los congresistas de la República que habrían cometido el de desobediencia a la autoridad por incumplir la medida cautela del Poder Judicial ( PJ ).
¿Investigación a congresistas?
Si bien la disposición fiscal no precisa quiénes serían los presuntos responsables, según la votación, fueron 83 votos de manera electrónica y otros cuatro de manera verbal por parte de los congresistas Luis Roel Alva, Yessica Apaza Quispe, Luis Sánchez, Héctor Arias; quienes expresaron su votación por continuar con el proceso. Ayer, 10 de julio, el Ministerio Público anunció que se iniciarían las investigaciones preliminares contra los congresistas que no acataron la disposición del Pj.
Respuesta del Congreso
Los congresistas de la República integrantes de la Comisión de Constitución y Reglamento emitieron un pronunciamiento acotando que consideran que las diligencias del Ministerio Público lesionan el Estado de Derecho, en referencia al principio de separaciones de poderes y la autonomía, que debe tener el Poder Legislativo. En el comunicado se menciona que el proceso de elecciones del TC es exclusivamente competencia del Congreso de la República, tal como lo establece la Constitución. Por tanto, no puede ser impedida por algún funcionario público.
Además, la Comisión afirma que los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten ejerciendo su función. Pues así lo defiende el artículo 93 de la Constitución. «Las indagaciones del Ministerio Público representa una vulneración prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria de voto y opinión», menciona el pronunciamiento .
Por último, se comunicó a la población que en su consideración los congresistas no se encuentran demandados ni son parte de ningún proceso que impida el ejercicio de sus atribuciones parlamentarias. Así mismo, la Comisión recomienda impulsar los mecanismos parlamentarios necesarios para defender la autonomía funcional del Congreso, pues en su percepción se busca interferir en sus competencias institucionales.
