Que se acuse a diversas redes sociales por permitir la propagación de información falsa y discursos de odio no es algo nuevo. Que se interponga una demanda contra estos medios tampoco lo es. Pero, que se interpongan leyes de protección al consumidor sí resulta novedoso.
Precisamente, lo anterior ha sido realizado por la ONG francesa Reporteros Sin Fronteras cuando presentaron, el día de ayer, una denuncia contra la red social Facebook ante la Fiscalía de París. El motivo: la visible contradicción que hay entre su compromiso de impedir la propagación de desinformación y mensajes de odio (en general y contra reporteros), y la realidad del funcionamiento de la red social acogiéndose a las leyes de protección del consumidor en su país de origen.
Sustentándose en informes judiciales, testimonios y manifestaciones de ex empleados de la empresa, RSF demuestra que los compromisos de la compañía californiana con los consumidores se basan en gran medida en afirmaciones falsas. Para denunciar un fenómeno generalizado globalmente, la ONG ha optado por presentar una denuncia en Francia, donde la legislación de los consumidores es especialmente adecuada.
Cabe mencionar que, Facebook tiene un número significativo de consumidores en el país: 38 millones de usuarios de los cuales, 24 millones son usuarios únicos diarios. «En vista de que los términos de servicio de Facebook son iguales en todo el mundo, un fallo judicial en Francia sobre estas prácticas engañosas tiene el potencial de un impacto global». En esa misma línea, las declaraciones de RSF resaltan la posibilidad de estar estudiando la presentación de denuncias similares en otros países.
Motivos
Existen dos motivos por los que RSF ha decidido tomar esta medida en Francia. Por un lado está, como se mencionó anteriormente, la cantidad significativa de usuarios (más de la mitad de habitantes del país) que accede a la red social; motivo suficiente para que la ONG lo considere muy peligroso. Además, en dicho país existe una ley de protección al consumidor especialmente adecuada para tratar esta cuestión.
La denuncia se dirige formalmente no solo a la empresa Facebook Francia, sino también, a Facebook Irlanda. De acuerdo con los artículos L121-2 a L121-5 del Código de los Consumidores, se considera engañosa una práctica comercial que «se basa en afirmaciones, indicaciones o representaciones falsas o engañosas», sobre todo en relación a «las características esenciales del bien o servicio» o «al alcance de los compromisos del anunciante». Incurrir en estos hechos puede llevar a una multa del 10 % del volumen de ventas anuales (art. L132-2 del Código de los Consumidores).
Términos
Según sostiene RSF, las condiciones generales de uso en Facebook se comprometen a actuar con diligencia para «mantener un entorno seguro y libre de errores». La empresa dice que prohíbe compartir contenidos «ilegales, engañosos, discriminatorios o fraudulentos». Es más, según sus normas comunitarias, Facebook asegura tomarse muy en serio la responsabilidad de «disminuir la difusión de noticias falsas».
A pesar de todo lo mencionado anteriormente, en el video compartido por la ONG se presenta una campaña publicitaria difundida en prensa a principios de 2021. En esta, Facebook se compromete a actuar para ofrecer «informaciones exactas en tiempo real para luchar mejor contra la pandemia». También, la empresa explica que colaborará con gobiernos y organizaciones internacionales «para compartir información confiable sobre el COVID-19». No obstante, se observa que la realidad del uso de la red social es muy diferente. Pues, según RSF, la mencionada plataforma es una de las primeras en difundir información falsa acerca de las vacunas contra el COVID-19.
Informes notariales
En lo que se refiere a los discursos de odio, RSF proporciona dos informes judiciales (de 80 y 73 páginas, respectivamente). El primero, hace referencia a la página de Facebook de Charlie Hebdo, en particular a la publicación del número «Tout ça pour ça» que se estrenó en septiembre de 2020. Hecho que, entre otras cosas, coincide con la apertura del juicio por la matanza en la redacción de la revista, perpetrada en enero de 2015. Los demandantes contabilizaron decenas de comentarios que insultaban y amenazaban a la publicación y sus periodistas. Por otro lado, el segundo documento refleja los comentarios de odio y amenazas en contra de periodistas del programa Quotidien; uno de los cuales, fue agredido brutalmente el pasado mes.
Para finalizar, Antoine Bernard, Director General Adjunto de RSF, señala que lo fundamental es lograr un «cambio positivo» en la plataforma. Que la red social «diga lo que hace, pero sobre todo, que haga lo que dice hacer sobre proporcionar un entorno seguro y sin errores. Tiene que garantizar ese ambiente seguro».
