Según han afirmado las autoridades electorales, finalmente, el 28 de febrero los nuevos parlamentarios recibirán sus credenciales y podrán iniciar la conformación del nuevo Legislativo. Cabe resaltar que, el periodo en instalarse un nuevo Congreso es de un mes aproximadamente.
Durante la campaña electoral diversos candidatos a ser nuestros representantes prometieron cumplir imposibles, inconstitucionales e ilegales propuestas. Como la de Unidos por el Perú, quienes piden y exigen la pena de muerte, que no se ampara en la ley y contradice los tratados internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos).
Así como UPP, están quienes prometían carreteras, escuelas y centros de salud, ignorando que esa labor no les corresponde. Y que además, carecen de tiempo.
Nos queda claro que diversas propuestas solo son mecanismos populistas para llegar al Congreso. Algunos creyendo que la inmunidad parlamentaria los protegerá, como los acusados de violación, homicidio y agresión, y otros para cobrar los 15 mil soles de sueldo que reciben los legisladores.
En resumen, solo van por motivos propios, no para defender los intereses de los peruanos, quienes seguimos sumidos en un sendero creado por la incompetencia de las autoridades y la demagogia consecuencia del populismo criollo que venimos arrastrando hace años. Esto, sumado a la corrupción nos deja claro que hay posible incertidumbre en el futuro.
En lugar de que los electos legisladores busquen crear leyes, burocracia y otros cuentos que no lograrán por el corto tiempo que poseen, deben crear una agenda conjunta que más allá de seguir a Vizcarra y su régimen, lo fiscalicen y promuevan un diálogo en el cual haya confrontación que no evite el desarrollo de la nación.
Para comenzar, deben fiscalizar todo lo hecho en el interregno. En este se han emitido decenas de decretos de urgencia, la gran mayoría de estos con la intención de aumentar la popularidad de Martín. Otra parte, sin fundamento legal o con cuestionamientos a si van o no de acuerdo a la Carta Magna de 1993.
En segunda instancia, deben dar o no, según decidan, la confianza a los ministros del Gabinete Zeballos; la cual, por salud política, deberían ser denegada. Esto, dados los vínculos que mantuvieron sus integrantes con Odebrecht y a una red de corrupción develada en Moquegua.
Finalmente, crear una agenda que apunte a saciar los reclamos inmediatos de la ciudadanía como seguridad, salud, educación y reconstrucción. Acto seguido se debe incentivar la economía, a través de reformas tributarias y laborales. Después, elegir los magistrados del Tribunal Constitucional. Hacia el final, a devolverle a los peruanos el derecho a elegir y ser elegidos, revocado tras el plebiscito del 2018.
Este Legislativo no cumplirá la gran mayoría de promesas realizadas, y tratar de cumplirlas evitaría el desarrollo de otras necesidades con mayor relevancia en estos momentos de crisis.
