El partido del presidente Macron, La República en Marcha (LREM), presentó un proyecto de ley de “seguridad global” que prohíbe la difusión de imágenes donde se identifique a un integrante del cuerpo policial. La iniciativa ha generado protestas frente a la Asamblea Nacional francesa.
Esta sancionaría con un año de prisión y una multa de 45.000 euros. El artículo, además, adiciona que, solo incumpliría la norma si tiene el objetivo de “socavar su integridad física o psicológica”.
Las críticas no se detienen
Las críticas por parte de las ONGs, periodistas y ciudadanía no se han detenido. En su mayoría, se dirigen a la libertad de expresión y la dificultad que esto acarrea de denunciar abusos policiales. Tras 2 años de las protestas de los chalecos amarillos, donde se han evidenciado abusos policiales hacia los manifestantes, esta iniciativa se tomaría como un intento de silencio.
Diversos reporteros han reclamado que, bajo el contexto de las manifestaciones, han recibido impedimentos e incluso violencia a la hora de realizar su trabajo. Manifiestan que la única forma de denunciar el hecho es grabando y exponiendo.
«La ley le otorgaría al gobierno luz verde (a los policías) para cometer abusos, sin que existan repercusiones… existen muchos policías que abusan de su poder, las grabaciones y su difusión podría salvar vidas o hacer justicias por aquellas que no se pudieron salvar… pero si la ley se aprobara, nada nos protegería de los abusos policiales»
Fiorella Antolini, habitante en Montpellier, al Diario El Gobierno
En contraparte, el ministro del Interior, Darmain, asegura que cuando los policías infrinjan la norma, lo que se debe hacer es acudir a la justicia, lo cual no estaría vulnerado por dicha ley. Agrega también que se busca impedir agresiones hacia las fuerzas de seguridad, ya que aseguró que estos sufren de ataques personales. Asimismo, esta propuesta se da bajo los recientes atentados a manos de yihadistas que Francia habría sufrido.
El Ministro intentó negociar
Días después del criticado debate, el Ministro del Interior, tras negociaciones con el Primer Ministro francés, propuso a la Asamblea una enmienda. Esta asegurará la libertad de prensa. También comenta que dicho artículo no obstaculizaría a la comunicación, autoridades administrativas y judiciales competentes.
“Los agentes de policía son objetivos en materia de terrorismo, también lo son en materia de derecho común, por lo que es necesario protegerlos”
Stanislas Gaudon, delegado general del sindicato Alliance Police Nationale
Ley daría apertura al reconocimiento facial
El artículo 22 también es fuertemente reprochado. En este se autoriza a las autoridades públicas a “procesar imágenes mediante cámaras instaladas en las aeronaves”. Es decir, en caso el proyecto de ley se aprobara, el gobierno francés estaría autorizado al tratamiento de imágenes captadas por drones, lo cual da apertura a una campaña de reconocimiento facial.
Sin embargo, dicho artículo propone también en que casos se autorizaría, las cuales serían: la regulación de las flotas de transporte, la seguridad de las instalaciones de la defensa nacional, y la prevención de actos terroristas.
El proyecto de ley
Si bien el artículo es controversial, esta iniciativa contiene una reforma a la estructura policial. Busca una evolución y además, pretende cambiar la prohibición que existe de que un militar o policía pueda entrar a un establecimiento público con arma de fuego, esté o no en actividad policial.
Igualmente, dificultar el acceso a beneficios penitenciarios a las personas condenadas por situaciones en las que policías, militares o bomberos fueron afectados.
